Nuestros pueblos costeros.Canarias

Nuestros pueblos costeros.Canarias
Cho Vito, década de los 60

viernes, 12 de noviembre de 2010

vecinos de Cho Vito denuncian a Costas por tirar documentos de expedientes confidenciales a la basura







Afirman que si el subdelegado del Gobierno tuviera dignidad como político, como persona y como gestor de las garantías y derechos de los ciudadanos a los que representa debería cesar inmediatamente a González Pérez
SB-Noticias.-



Tomás González, portavoz de los vecinos de Cho Vito, explicó en el programa La Trapera de Radio San Borondón que recientemente encontraron en la basura documentos privados de la Demarcación de Costas y tras recordar que en España las normas establecen multas de hasta 600.000 euros por la vulneración de datos confidenciales, afirma que el jefe de la Demarcación de Costas de Tenerife, Carlos González Pérez, ordenó tirar a la basura infinidad de expedientes y cuando se percató de que los vecinos lo habían descubierto les amenazó con tomar represalias contra ellos si hacían público este hecho.
Tras aportar un documento sonoro del encontronazo habido entre vecinos y el jefe de la Demarcación de Costas de Tenerife, cuando los primeros descubren en la basura documentos confidenciales de la Administración estatal, Tomás González explica que Carlos González Pérez amenazó a los vecinos de Cho Vito con tomar represalias contra ellos si hacían público que en Costas habían tirado a la basura una cantidad significativa de documentos confidenciales relativos a expedientes que obraban en la administración.

Recuerda que en España las normas establecen multas de hasta 600.000 euros por la vulneración de datos confidenciales, sin embargo el jefe de la Demarcación de Costas de Tenerife ordena tirar a la basura infinidad de expedientes, tanto de personas que trabaja en la administración, concursos públicos, bajas laborales, actas de replanteo, actas de reuniones privadas entre empresarios y representantes de Costas donde miran para otro lado en cuestiones que afectan a los poderosos, notas personales transcritas, que accidentalmente fueron encontradas en la basura por los vecinos y han tenido que ir a declarar voluntariamente ante la policía judicial porque Carlos González Pérez comete el error de llamar a la policía.

En este sentido, afirma que si el subdelegado del Gobierno, José Antonio Batista, tuviera dignidad como político, como persona y como gestor de las garantías y derechos de los ciudadanos a los que representa debería cesar inmediatamente a González Pérez, porque advierte que si hace público los documentos que tienen habría mucho que contar, ya que en los documentos encontrados hay contratos, asistencias técnicas, despidos laborales y hasta el deslinde de San Andrés.

Tomás González afirma que estamos ante un escándalo mayúsculo que debería costarle el puesto de manera urgente a González Pérez, puesto que hablamos de que su departamento ha tirado a la basura documentos privados, oficiales y algunos comprometedores en donde figuran documentos de identidad, nombres y apellidos de personas concretas, algunas de ellas incluso fallecidas, una cuestión que es comprometedora para el jefe de la Demarcación de Costas porque ha hecho dejación de sus funciones, entre ellas la del garante del derecho que tienen los ciudadanos en cuanto a la protección de sus datos.

Para colmo de la desafortunada actuación de Carlos González Pérez, más allá de tirar a la basura estos documentos, en un intento de huida hacia adelante trata de hacer responsable a los vecinos que se encontraron los expedientes en los contenedores de basura.

El portavoz de los vecinos de Cho Vito considera lamentable que José Antonio Batista, subdelegado del Gobierno, no haya pedido inmediatamente el cese y el procesamiento de Carlos González Pérez, porque estamos hablando de documentos que comprometen a los altos cargos de Costas desde 1987 hasta hoy en día.
http://www.sanborondon.info/content/view/29333/1/

lunes, 8 de noviembre de 2010

El PP de Tacoronte sorprende a todos los grupos políticos al señalar que Costas tiene afectadas veinte viviendas por ocupar suelo público en el Prix


La moción que presentó tuvo el apoyo de todos menos el de Alternativa Si Se Puede
EDDC.NET SANTA CRUZ DE TENERIFE




Victoria clara, nunca mejor dicho, del PP de Tacoronte en el último pleno. El dinamismo de esta formación política contrasta con la parálisis de CC, que solamente se preocupa de saber quien va a suceder a Hermógenes Acosta y como sabotear el desembarco de Dulce Xerach, la desorientación del PSC-PSOE y los absurdos virajes de Alternativa Si Se Puede, que un día incendia el pueblo y al día siguiente ejerce de bombero.

Hablamos de una moción con miga. Se trata de salvar el núcleo costero del Prix. Veinte viviendas de vecinos humildes que van a ser expropiadas y luego destruidas por la demarcación de Costas. Ha sido un proceso largo y de manera inexplicable tanto el alcalde como el Cabildo como el Gobierno de Canarias no han movido ficha para sacar esto adelante.

El grupo municipal del PP y especialmente la concejala Victoria Castro Padrón, que ha asumido como propias las reivindicaciones de los afectados, han tenido serias dificultades, incomprensibles para sacarla adelante. La primera vez que se llevó, se quedó sobre la mesa. La segunda fue el propio alcalde, al que parece no le importa que la pala se lleve estas casas, el que firmó un decreto para que no se adjuntará al orden del día y en el último pleno se pudo discutir y sacar adelante con los votos a favor de CC-PNC y PSC-PSOE y el voto en contra del edil de Alternativa Si Se Puede, José Casanova, que como al alcalde, no le importa mucho la suerte de estas veinte familias.

Pero el debate no fue fácil. La concejala del PP le recordó al grupo de gobierno que Cabildo y Gobierno habían apoyado la defensa de los núcleos costeros y no entendía este pasotismo con esta zona de la costa del municipio de Tacoronte, donde si se había visto a Hermógenes inquieto por el ya fracasado puerto del famoso José Ana Pérez Labajos.

Victoria les dio una buena estocada a los nacionalistas y dejó claro que no se habían tomado en serio este problema y dudó que el grupo de gobierno hubiese presentado alegaciones al expediente que tramita Costas. No entendió los argumentos de Casanova, que aseguraba que no había afecciones y lo dejó muerto en la bañera al sacar información que le habían dado en la Demarcación donde se ponía sobre la mesa la realidad. Lo impresionante es que sea la concejala del PP, en la oposición, la que le haga el trabajo al grupo de gobierno.

Los datos son éstos, para consternación de todos los grupos políticos: 20 afecciones, de las cuales a 15 se les indemniza a todas en general, con 91.000 euros y el resto, nada de nada. Y mostraba un mapa con toda esa información precisa. Y estaba claro que había que hacer algo y pronto. El PP de Tacoronte con el oído en la calle les dio a todos una lección política. Y la moción, como no, salió adelante. A ver que decide Costas, aunque con la pasividad del alcalde, ya con un pie fuera, los populares temen lo peor.

El texto de la moción

La misma se encabezó así: “moción que presenta el Grupo Popular en defensa de los Núcleos Urbanos Costeros en Canarias que reúnan valores etnográficos, arquitectónicos y/o socioeconómicos”.

Su exposición de motivos señalaba que, “el Parlamento de Canarias aprobó el pasado 30 de abril gracias al apoyo del Partido Popular (PP) y de Coalición Canaria (CC) la Ley 7/2009, de 6 de mayo, de modificación del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias sobre declaración y ordenación de áreas urbanas en el litoral canario. Precisamente en esa fecha, el Grupo Socialista anunciaba la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la mencionada ley por parte de la Abogacía del Estado en representación del Presidente del Gobierno de España. Recurso que se sustanció posteriormente ante el Tribunal Constitucional. Esta decisión del Gobierno del Estado se suma a la política de impugnaciones que viene reiterando contra los acuerdos de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) que en el ejercicio de las competencias de planeamiento en el litoral de la Comunidad Autónoma reconocieron la condición de áreas urbanas a distintos asentamientos en dichos ámbitos. Con estas determinaciones del Estado, indudablemente amparadas por sus potestades pero claramente lesivas para los intereses ciudadanos de quienes residen en áreas urbanas en el litoral del archipiélago, se prolonga si en una situación de inseguridad jurídica e incertidumbre sobre los derechos patrimoniales que le son propios a los enclaves urbanos y costeros.

Y así el Gobierno de España y la formación política que lo sostiene confirma una vez más su afán por interpretar de forma restrictiva, exorbitante y ajena a la realidad canaria la Ley de Costas, impidiendo que la Comunidad Autónoma de Canarias proyecte un desarrollo sostenible y equilibrado que combine con inteligencia la protección ambiental y los usos humanos tradicionales de este litoral.

Las leyes se hicieron para los hombres y no los hombres para las leyes”, dijo el filósofo inglés John Locke y es en este punto donde el Gobierno de España tropieza una y otra vez; en esta ocasión, en su ciego y torpe propósito de aplicar sin medida la Ley de Costas en Canarias sobre asentamientos humanos en el litoral que datan de muchas décadas atrás y que con el debido equilibrio ambiental deben perdurar en el tiempo.

Porque las áreas urbanas costeras de Canarias representan en general no sólo zonas de interés derivado de su origen etnográfico, arquitectónico y cultural sino también por tratarse de comunidades reales de hombres y mujeres reales que viven y conviven en ellas y que albergan actividades económicas y turísticas dignas de respeto y protección, sin perjuicio de que resulte necesario depurar situaciones de ocupación clandestina, como chabolismo y otras formas que se apartan de los valores tradiciones y de legitimidad a que nos referimos, y que en modo alguno se ha pretendido amparar con normas o resoluciones de nuestro autogobierno.

Sin embargo, la terquedad y el exceso de celo legalista del Gobierno de España viene abocando con sus recursos a esos hombres y mujeres a un estado de inquietud e incertidumbre por su restricción al reconocimiento de las competencias urbanísticas, de ordenación del territorio y de los recursos naturales, conferidas a nuestra Comunidad Autónoma, y que desde luego se proyectan también al litoral. Así viene sucediendo, con la negativa a aceptar las consideraciones fácticas reconocidas por la jurisprudencia en relación con las áreas urbanas, de suficiente consolidación con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas, que tras las oportunas comprobaciones han constituido la base de las resoluciones de la COTMAC.

Y en relación con el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 7/2009, de 6 de mayo, de modificación del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, planteado por el Presidente del Gobierno del Estado, se agrava aún más la prolongación de la situación de inseguridad e incertidumbre de los habitantes de los enclaves urbanos costeros, por cuanto el Estado, al prevalecer de la potestad de suspensión cautelar de la legislación autonómica que le otorga la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, logró temporalmente su inaplicación. Suspensión esta que ha sido en gran parte levantada mediante el Auto del TC 277/2009 de 10 de diciembre, que si bien mantiene la suspensión del artículo primero de la Ley7/2009.

No obstante, con interesante argumento sobre las potestades de nuestro autogobierno, resolvió levantar la suspensión de los dos tercios del contenido de la expresada norma y nos permite confiar en que los aspectos aún suspendidos tendrán una resolución favorable a nuestras tesis, por el Tribunal Constitucional
.

Teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional al analizar la suspensión del artículo 2 de nuestra ley autonómica relativo a las previsiones de fijación por la Comunidad Autónoma del límite interior de la zona de servidumbre de protección marítimo terrestre ha considerado que ello no supone como sostenía el Estado una menor protección del dominio marítimo terrestre y sus zonas colindantes, que la que ofrece la legislación de costas, ponderando los intereses en presencia procedió así el levantamiento de la suspensión de dicho precepto de nuestra ley.

Y respecto artículo 3 en relación con el mandato a la consejería competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo para formular un censo de edificaciones que, ubicadas en el dominio marítimo-terrestre y en sus zonas de servidumbre de tránsito y de protección, tuvieran un valor etnográfico, arquitectónico o pintoresco, debiendo valorarse su antigüedad, integración en el litoral y finalidad social, al objeto de su consideración en el otorgamiento de concesiones y autorizaciones que solicitaran los titulares de las mismas al amparo de la disposición transitoria cuarta de la Ley de Costas, considera que no tienen porque resultar incompatibles con las “razones de interés público” ni de protección de los valores medioambientales del dominio público marítimo terrestre que persigue la Ley de Costas para proceder a su legalización, levantando la suspensión y por tanto adquiriendo plena vigencia nuestra ley autonómica”.
Tres fueron los acuerdos adoptados y aprobados:
1. El Ayuntamiento de Tacoronte se pronuncia en favor de la continuidad y la seguridad jurídica de las áreas urbanas costeras de Canarias que reúnen un valor objetivo protegible en materia etnográfica, arquitectónica y/o socioeconómica.
2. El Ayuntamiento de Tacoronte se compromete a colaborar con la Comunidad Autónoma de Canarias en la elaboración de un censo de edificaciones del dominio marítimo terrestre canario y sus zonas de servidumbre de tránsito y servidumbre de protección, con valoración técnica de su antigüedad, integración en el litoral y finalidad social.
3. El Ayuntamiento de Tacoronte se compromete a colaborar con la Comunidad Autónoma de Canarias en la mejora y el acondicionamiento de las áreas urbanas costeras de Tenerife, así como la preservación
http://www.eldigitaldecanarias.net/noticia40127.php

Costas comunica al Obispado que la Basílica de Candelaria vulnera la Ley


Los religiosos ya han sido informados y aseguran estar tranquilos porque los edificios afectados son Bienes de Interés Cultural y no se pueden derribar

N.R. / SANTA CRUZ DE TENERIFE

El convento de los padres dominicos de Candelaria, que está situado en el mismo edificio que la Basílica, y la capilla de San Blas que se encuentra en los alrededores del templo están afectados por la aplicación de la Ley de Costas.

Así se lo ha comunicado el organismo estatal a los responsables del convento y al Obispado de Tenerife para que presenten las alegaciones que estimen convenientes. El prior de los dominicos, Alexis González, señaló ayer que ya han mantenido reuniones con responsables de la Dirección General para conocer el alcance de la aplicación de la Ley.

En principio, les han garantizado que no tendrá ninguna consecuencia dado que los inmuebles han sido declarados Bien de Interés Cultural (BIC). Sólo en caso de que los edificios se cayeran o fueran demolidos, las nuevas edificaciones tendrían que retirarse unos seis metros de la costa.

En principio, los religiosos están tranquilos y señalan que no piensan presentar ningún tipo de alegación. El caso de la capilla de San Blas en teoría podría ser más complicado pero al tratarse de un inmueble construido en el año 1534, mucho antes de la aprobación de la nueva ley en el año 1988 tampoco se prevé que surja ninguna complicación. Según la ley de Costas desde que una parte principal del edificio sea tocado por la línea de deslinde todo el inmueble quedará fuera de ordenación. Por ello, en este caso se vería afectado tanto el convento como la Basílica aunque las consecuencias que podrían derivarse de este hecho son remotas. La Basílica y el convento han sufrido diversas remodelaciones a lo largo del tiempo. Se trata son dos edificios diferentes pero que están físicamente unidos. Entre los bienes afectados se encuentran también las figuras de los guanches que están situados en la plaza.

400 propietarios
El nuevo deslinde ha salido ya a información pública por quince días y abarca más de un kilómetro de distancia entre la Cueva de San Blas y el Refugio Pesquero. En la relación de citados está la Promotora Punta Larga, el Obispado, el Ayuntamiento de Candelaria, el convento de los dominicos o la Cofradía de Pescadores.

Son alrededor de 400 los propietarios particulares de terrenos que se verán también afectados por la aplicación de esta ley. El alcalde de Candelaria, José Gurmesindo García, indica que en el caso del Ayuntamiento la propiedad afectada es un aparcamiento.

Apunta que se ha hecho un esfuerzo en el Plan General de Ordenación (PGO) para mantener el mayor número de viviendas posibles. No obstante, las edificaciones que se sitúen en los primeros seis metros en la zona de tránsito se irán eliminando según éstas envejezcan y sean demolidas. El deslinde afecta a la calle de La Arena, principal núcleo comercial del municipio.


¿QUE ZONA DE TRÁNSITO?. SI EN ESA ZONA NO EXISTE RIBERA DE MAR.


LAS VIVIENDAS SON DOMINIO PÚBLICO