Nuestros pueblos costeros.Canarias

Nuestros pueblos costeros.Canarias
Cho Vito, década de los 60

sábado, 8 de junio de 2013

Esta Ley de Costas no tiene en cuenta las singularidades insulares

Tras la polémica levantada por la Ley de Costas y la afección a un gran número de núcleos poblacionales en el Archipiélago, finalmente el texto fue aprobado definitivamente por el Gobierno central. Pese a ello, como ya lo lleva haciendo en el período de su elaboración, la consejera de Planificación del Cabildo de Tenerife, Pino de León, mostró su rechazo al documento, ya que asegura “no resuelve los problemas y no tiene en cuenta las singularidades de Canarias”.


Asimismo, como señaló a DIARIO DE AVISOS, la Corporación insular vigilará que la normativa se cumpla de manera adecuada en la Isla. En cuanto a la posibilidad de declarar alguno de los núcleos afectados como Bien de Interés Cultural (BIC), De León señaló que aunque de momento no está previsto, este procedimiento no se descarta si se cumplen los requisitos históricos culturales y etnográficos oportunos.

Desde que se comenzó a tramitar siempre dije que la Ley de Costas era una oportunidad importantísima para el futuro de Canarias, con el fin de que la normativa recogiera las singularidades de los pueblos de las Islas, que como territorio insular siempre ha estado vinculado a la costa”, matizó al consejera. Además, señaló que tuvo diferentes conversaciones con los senadores canarios con el fin de que se tuvieran en cuenta una serie de modificaciones, que finalmente no se incluyeron.

Yo no digo que todos los núcleos afectados haya que salvarlos, pero se tenía que haber hecho un estudio y analizarlo”, precisó De León. Además, en nombre de la Corporación insular volvió a reclamar las competencias en materia de costas, ya que aseguró que como ocurre en otras comunidades autónomas, deben ser las instituciones canarias las que gestionen esta parte del territorio.

Cabe recordar que, según los datos que baraja la Delegación del Gobierno en Canarias, en Tenerife se ven afectados por esta normativa 22 núcleos con 672 ocupaciones.

Exigen más competencias

La consejera de Planificación del Cabildo de Tenerife, Pino de León, abogó también por que las corporaciones insulares asumieran más competencias en esta materia, delegada a través de la Comunidad Autónoma. Además, reclamó el liderazgo para los cabildos en la elaboración de los planes municipales de ordenación, al igual que todos aquellos asuntos que sean de interés para el futuro de Isla.

La responsable del área informó de que en estos momentos su departamento está trabajando en dos documentos de planificación “importantísimos” para la economía de Tenerife. Uno es el Plan Insular de Telecomunicaciones, que dará solución a los emplazamientos ilegales, y el Plan de la Actividad Industrial. A ello se suman otros textos de otras áreas como el de Turismo, Transporte, el de los trenes del Norte y el Sur y el de Agricultura.

http://www.diariodeavisos.com/pino-leon-esta-ley-costas-tiene-en-cuenta-singularidades-insulares/



Nueva Ley de Costas

La nueva Ley de Costas del Partido Popular, que en realidad es una modificación de la vigente desde 1998, está muy por debajo de las expectativas que el propio Gobierno central propició en el inicio de su tramitación. Para empezar, no es cierto que contribuya a flexibilizar la interpretación sobre los usos en el litoral, sobre todo si lo que preocupa al ciudadano, y al ciudadano canario en particular, es la seguridad jurídica de aquellos núcleos costeros existentes desde hace décadas, los que acogen población estable y actividades relacionadas con el litoral. Todo lo contrario, oiga. Con las herramientas que ofrece la normativa, aquellos que ostentamos alguna responsabilidad en materia de gestión territorial haremos lo posible para atender las demandas justificadas, para nada abusivas, de nuestros convecinos. Lo haremos por un ejercicio elemental de responsabilidad que no tiene nada que ver con la elaboración o no de un censo de núcleos costeros isleños que el Ejecutivo central ya tiene, y que se encargó de atacar vía recurso constitucional contra la ley canaria que intentaba poner un poco de cordura en este asunto. Esa norma autonómica se encuentra suspendida de modo cautelar por el Alto Tribunal, lo cual es una lástima, porque se trata de una normativa que se esfuerza en serio por compatibilizar el disfrute colectivo del litoral, principio irrenunciable, con la supervivencia de primeras residencias consolidadas y dotadas de los servicios públicos propios del suelo urbano. Eso es sentido común, defender a la gente, eliminar los abusos y sobre todo tratar a los ciudadanos por igual. Porque es ese, el de la arbitrariedad, el mayor vicio de la nueva normativa estatal. En primer lugar está el asombroso hecho de que una reforma de este calado no haya pasado por el trámite preceptivo de un informe a cargo del Consejo de Estado. Y luego viene lo peor. Un anexo de la nueva norma exime a doce núcleos concretos de toda exigencia respecto al respeto de la zona de dominio público. Lo hace, obviamente, sin explicación alguna, sin justificar tan clamorosa excepción, por lo general asociada a la existencia de viviendas de elevado coste a muy escasos metros de la línea de pleamar. Uno de estos casos raros, los expedientes X que tiran por tierra toda la credibilidad del legislador, es el puerto de Santa Pola, Alicante. El mismo municipio en el que el presidente Mariano Rajoy tiene su plaza de registrador de la propiedad. Que cada cual obtenga sus conclusiones.
Juan Manuel Bethencourt.
http://www.diariodeavisos.com/nueva-ley-costas-por-juan-manuel-bethencourt/

jueves, 6 de junio de 2013

El Tribunal Supremo cierra la última puerta a El Golfo, rechazando un recurso del Ayuntamiento de Yaiza contra el deslinde

LA NUEVA LEY DE COSTAS, NO SALVA LOS NUCLEOS COSTEROS DE CANARIAS





El Tribunal Supremo ha dado por bueno el deslinde de 100 metros en El Golfo, rechazando el recurso presentado por el Ayuntamiento de Yaiza y declarando firme la sentencia dictada en 2009 por la Audiencia Nacional. Así, ha cerrado la puerta al intento de “salvar” las construcciones de este núcleo costero.


En su sentencia, fechada el pasado 22 de mayo y contra la que ya no cabe recurso ordinario, el Tribunal Supremo rechaza los motivos alegados por el Consistorio, que pretendía que se anulara la orden ministerial del 19 de julio de 2006, por la que se aprobó “el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la parte norte de El Charco de los Clicos y el final del núcleo urbano de El Golfo”.

Además, la sentencia condena al Ayuntamiento de Yaiza a pagar las costas generadas por este recurso, aunque fija un límite de 3.000 euros.

Larga historia de varapalos judiciales

Esta no es la primera vez que el Supremo falla contra los afectados de El Golfo. En octubre de 2012, el Tribunal rechazó un recurso presentado por 38 vecinos, que también emprendieron por su cuenta esta batalla en los tribunales contra el deslinde.

Además, el pasado mes de noviembre, el Supremo cerró las puertas al intento del Gobierno de Canarias para salvar este pueblo. El Ejecutivo regional, a través de la COTMAC, aprobó en 2007 un acuerdo reconociendo que El Golfo contaba “con las características de consolidación propias del suelo urbano con anterioridad a la entrada en vigor de la ley de Costas”.

Ese acuerdo de la COTMAC fue recurrido por el abogado del Estado, que consiguió una sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, anulando ese acuerdo. Tanto el Gobierno de Canarias como el Ayuntamiento de Yaiza presentaron un recurso contra esa sentencia, pero el pasado mes de noviembre, el Tribunal Supremo rechazó también sus pretensiones y declaró firme el fallo del TSJC.

Sin pruebas de su carácter urbano

Tras esta larga batalla judicial, no se ha conseguido acreditar que El Golfo fuera un núcleo urbano antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas, lo que hubiera permitido salvarlo. Las sentencias dictadas hasta la fecha, incluida esta última del Tribunal Supremo, recuerdan que ni el Plan Insular ni el Plan General de Yaiza contemplaban ese suelo como urbano.

Por eso, los argumentos del Ayuntamiento y de los vecinos se han centrado en acreditar que, pese a no estar reconocido como urbano en el planeamiento, sí estaba consolidado como tal antes de 1988. En esos casos, la Ley de Costas contempla excepciones, en las que el deslinde se sitúa a un máximo de 20 metros, y no de 100, como se ha aplicado en El Golfo.

Para acogerse a estas excepciones, es necesario acreditar que la edificación en la zona estaba “consolidada” antes de esa fecha o que los terrenos “disponían de los servicios exigidos en la legislación urbanística”. Sin embargo, el Supremo reproduce el contenido de un informe elaborado en enero de 2005 por el jefe de servicio de Ordenación Urbanística de la Cotmac, en el que “refleja que a la entrada en vigor de la Ley de Costas, no se contaba en dicha zona con suministro de energía eléctrica (se realizaba con grupos generadores por medios propios) ni abastecimiento de aguas, ni red de evacuación, etéctera”.

A la causa también se aportó una fotografía de 1985, que según el mismo informe de la COTMAC, sí acreditaría que la zona tenía en ese momento una “consolidación edificatoria suficiente”. Sin embargo, la Audiencia Nacional no consideró que esa imagen probara el carácter urbano de la zona (recuerda que para ello tendría que haberse alcanzado una edificación de dos terceras partes del suelo). Ahora, el Tribunal Supremo ha dado por buena la valoración de la prueba, rechazando los alegatos del Ayuntamiento de Yaiza en su recurso y dejando en una delicada situación a los vecinos y empresarios de El Golfo.

http://www.lavozdelanzarote.com/article76960.html

La nueva Ley salvará al 95% de los núcleos costeros(DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE,)

Los populares cargan contra el Gobierno local por negarse a delimitar estos asentamientos y a acreditar ante el Estado que poseen servicios desde 1988


   El grupo municipal del Partido Popular (PP) en Santa Cruz garantizó ayer que el 95% de las propiedades que se encuentran en los núcleos costeros del municipio se salvarán gracias a la nueva Ley de Costas, aprobada recientemente en el Consejo de Ministros, ya que la nueva normativa rebaja la zona de servidumbre del Dominio Público Marítimo Terrestre a 20 metros sin que el suelo sea urbano.

Según explicó la portavoz del PP en la capital tinerfeña, Cristina Tavío, esto permitiría salvar muchas propiedades, que estarían afectadas por la anterior Ley de Costas –aprobada en 1988–, en los barrios de Igueste de San Andrés, Almáciga, Taganana, Roque Bermejo y Tachero. Tavío hizo estas declaraciones durante la reunión que mantuvo en la tarde de ayer con los vecinos de Igueste de San Andrés, un encuentro al que también asistieron los dos concejales de Sí se Puede, Pedro Fernández Arcila y Asunción Frías.

No obstante, la también concejal popular en Santa Cruz Ana Zurita apuntó que uno de los requisitos indispensables para salvar a Igueste de San Andrés es que la Gerencia de Urbanismo realice un plano en el que se delimiten dichos núcleos. Además, habría que aportar información al Ministerio de Medio Ambiente que acreditase que estos asentamientos rurales contaban con los servicios de agua, luz y saneamiento antes de 1988 así como que el grado de consolidación en este espacio es de dos tercios.

Al respecto, los vecinos de Igueste de San Andrés manifestaron que cuentan con carretera desde los años 30, con servicio de luz desde 1969 y que el alcantarillado llegó a finales de los 80.

Asimismo, Tavío anunció a los vecinos afectados que va a presentar una moción en el próximo pleno de junio por la que instará al grupo de gobierno a realizar todos estos trámites necesarios para salvar los núcleos costeros de Anaga del derrumbe. "Lo único que quiere el alcalde, José Manuel Bermúdez, es que el Estado nos dé una amnistía por lo que podría venir cualquier a construir aquí", añadió.

"Llevamos desde octubre de 2012 solicitándole a Bermúdez y a sus socios de gobierno que realicen ese mapa con lo que se debe preservar y el resto seguiría siendo rural", concluyó Tavío.

lunes, 3 de junio de 2013

“El PP da falsas esperanzas a los afectados por la Ley de Costas”

El pasado viernes entró en vigor la nueva Ley de Costas, aprobada por el PP en las Cortes, con la que 60.000 canarios con viviendas en servidumbre del dominio público marítimo terrestre esperan lograr que sus casas queden regularizadas. Pero poco les puede durar la alegría. Miguel Ángel Pulido, viceconsejero de Ordenación del Territorio del Gobierno canario, les advierte: “El PP ha mentido a los afectados con falsas expectativas, pues difícilmente esta ley beneficiará a algún núcleo canario”.


-Ustedes interpretan que esta ley obliga a demostrar que eran urbanos antes de 1988 poblados ya declarados como tales. El PP no.

“El Gobierno canario pedirá al ministerio que nos haga una aclaración sobre esa disposición. Esta ley se ha vendido en Canarias como la que resuelve el problema de los núcleos costeros, pero eso es humo, no modifica nada, en todo caso empeora la situación con respecto a la ley anterior. Hay más de 1.500 viviendas con expedientes de recuperación del dominio público, que en Canarias no cambia, pero sí en Formentera, por razones geomorfológicas”.

-El PP argumenta que se trata de una isla muy pequeña…

“Pero también lo es entonces La Graciosa y no se modifica allí. La ley no nos trata a todos por igual y cae en arbitrariedades. Y también se excluyen del dominio público otros 12 núcleos, pero ninguno en Canarias”.

-¿Pero qué pasará con la servidumbre de protección, donde hay 15.000 viviendas en Canarias?

“Ahí también la nueva ley vuelve a discriminarnos. Canarias es la comunidad autónoma con más kilómetros de litoral, solo superada por Galicia, donde se incluyen las rías, y allí la servidumbre se puede reducir a 20 metros atendiendo a razones geomorfológicas, por lo que basta eso para salvar a los núcleos, sin que haga falta acreditar que tenían características urbanas antes de 1988. En Canarias se sigue manteniendo este criterio de acreditar que tenían acceso rodado, abastecimiento de agua, electrificación y saneamiento, o al menos estar colmatados o tener consolidada la edificación en dos tercios”.

Difícilmente podrán salvarse de la servidumbre núcleos que ya no lo estuvieran

-Pero esa posibilidad está por primera vez el articulado de la ley…

“No, para nosotros no es nada nuevo, pues ya estaba antes en el reglamento de la anterior ley”.

-¿Pero por qué cree que la nueva norma es peor para Canarias?

“Porque viene a decir que para los suelos ya clasificados como urbanos con la ley anterior, hay que pedir un nuevo informe en el plazo de tres meses a Costas. Eso vulnera la Constitución porque da carácter retroactivo a la norma y genera inseguridad jurídica, pues podría darse el caso de que en algunos núcleos ya clasificados como urbanos de acuerdo con la ley de 1988, con informes favorables de la Demarcación de Costas, y por tanto con derechos urbanísticos ya generados, ahora los técnicos de Costas den marcha atrás. Además, antes si se reconocía urbano un núcleo, se podía ordenar y establecer su edificabilidad, pero ahora ya no se puede construir ninguna vivienda nueva, como si estuviera fuera de ordenación”.

-Por tanto, esas 15.000 viviendas están sujetas a restricciones…

“Con la nueva ley, sus dueños solo podrán hacer obras de conservación y mejora, pero no de ampliación, ni levantar plantas o edificaciones residenciales “.

-El PP acusa al Gobierno canario de no informar a Costas de los núcleos afectados y que por eso no ha salvado a ninguno…

“Es absolutamente incierto porque Costas ha hecho ya la delimitación del dominio público en toda Canarias y tiene toda la información pues encargaron un estudio en 2007, la Estrategia de Sostenibilidad de la Costa, en la que hicieron un diagnóstico”.

-Se quejan ustedes de que el PP reformó la ley sin consultarles…

“Es que así fue. Y tampoco admitieron ninguna enmienda. La aprobó el PP casi en solitario”.

-¿Y qué pasará con las demoliciones en dominio público?

“Nosotros planteamos que las viviendas con sentencia firme de demolición no se tiren hasta desalojar a los vecinos si se trata de su única casa. No lo aceptaron”.

Pedir que enclaves urbanos tengan que volver a acreditarlo es inconstitucional

-Pero la ley ha entrado ya en vigor. En tres meses los núcleos en servidumbre deben acreditar que eran urbanos antes de 1988 y puedan quedar fuera de esa franja de protección. ¿Es tiempo suficiente?

“Nos preocupa ese plazo. Serán los ayuntamiento los que tengan que demostrarlo”.

-¿Cuántos núcleos se pueden salvar de la servidumbre?

“Yo digo: difícilmente podrá reconocerse algún núcleo nuevo como urbano en los términos en que lo prevé esta ley. Le propusimos al ministerio que se pudiera reconocer el carácter urbano de los suelos que lo tienen hoy, no antes de 1988. No aceptaron”.

-Pero el PP ha dicho que la nueva regulación da una solución a muchos núcleos en Canarias…

“Eso es falso, por lo que se ha generado una falsa expectativa en la población. Y eso nos lleva a un mayor descrédito de los políticos, porque no se puede engañar siempre a la gente. Se está mintiendo cuando se dice que la ley va a resolver el problema. Con los planes aprobados desde 1988, ya se han ido incorporando los núcleos que se ha demostrado que tenían características urbanas antes de esa fecha, y con informe favorable de Costas”.

http://www.diariodeavisos.com/pulido-el-pp-da-falsas-esperanzas-afectados-por-ley-costas/


DE VERGUENZA,.
  Este sr, defiende la ley de costas de 1988, aquella, que, con caracter retroactivo, con confiscación, con abusos,  y con una clara arbitrariedad, cometio ,desmanes en todo el llitoral español,. y se queja del caracter retroactivo de  esta reforma,  Vergonzozo.
Cuando el Psoe aprobó la ley, de 1988, hizo exactamente igual. paso el rodillo