Nuestros pueblos costeros.Canarias

Nuestros pueblos costeros.Canarias
Cho Vito, década de los 60

sábado, 12 de octubre de 2013

La certificación de Anaga, sin datos anteriores a 1988 como exige Costas

Luz, agua y acceso rodado son tres de las exigencias que la polémica Ley de Costas, recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno de Canarias, hace a los núcleos costeros que invaden la servidumbre del dominio marítimo terrestre para legalizarlos, reduciendo esa servidumbre de 100 a 20 metros, siempre y cuando contaran con esos servicios antes de 1988. Esta particularidad de la ley supone que, en el caso de Santa Cruz de Tenerife, la totalidad de los núcleos de Anaga afectados: Tachero, Roque de las Bodegas, Almáciga e Igueste de San Andrés, puedan, con una simple certificación municipal, quedar legalizados, informe que el Consistorio anunció fue enviada el pasado mes de julio. Ayer, Sí se puede denunciaba, mediante un comunicado, que el documento que se ha enviado a Madrid, justificando la condición de urbanos de los citados núcleos, no recoge ningún indicio de tal condición antes de 1988 tal y como exige la normativa.

Concretamente, en los documentos a los que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, se ofrece una descripción física de los lugares que viene recogida tanto en planeamiento municipal de fecha de 2001 como en la Renovación Parcial del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Anaga, en el que, tras acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) se incluyó un anexo con la descripción de los asentamientos rurales de la zona: Tachero, Almáciga, Roque de las Bodegas e Igueste de San Andrés. El acuerdo tiene fecha de 2007.

El único informe que se adjunta al de los técnicos de la Gerencia de Urbanismo es el que firma Emmasa certificando que aún faltan algunos servicios por completar en la zona, concretamente señala que falta por solucionar el tratamiento final de las aguas residuales en el barrio de Taganana. Pedro Fernández Arcila, portavoz de Sí se puede, afirmaba de manera tajante que “esta documentación no solo no se ajusta a lo que pone la Ley de Costas sino que además incluso podría ser perjudicial para los propios vecinos”. “La Ley de Costas aprobada por el Partido Popular (PP) no resuelve nada y encima ahora nos encontramos con que el Ayuntamiento disponía de un plazo de tres meses para presentar la documentación, pero lo ha hecho mal”, añade el edil. Por todo ello, Fernández Arcila pidió que el alcalde, José Manuel Bermúdez, se reúna con los vecinos y les explique cuál es el estado real de la situación en estos momentos.

Zonas del parque rural

En la documentación que el Ayuntamiento ha enviado tanto a la Cotmac como a Madrid (este último paso solo para dejar constancia de que ya se ha entregado dado que es el Gobierno de Canarias quien tiene que remitirla de manera oficial), se observan los distintos mapas de situación de cada uno de los núcleos costeros y la descripción física de los lugares. En las fichas de cada una de las zonas se describen cuestiones como el número de viviendas, el número de vecinos, los servicios con los que cuenta en esa fecha o el tipo de carretera y el estado en el que se encuentra para su acceso. Todo ello siempre en base al acuerdo firmado por la Cotmac en el año 2007.


Martín, convencido de que es suficiente
El primer teniente de alcalde de Santa Cruz, José Ángel Martín, decía en la tarde de ayer estar absolutamente convencido de que la documentación aportada a la Cotmac “es suficiente”. “Lo que se nos pide es que se acredite que esos núcleos están y eso es lo que hemos hecho”, argumentó. De todas formas, Martín admitió que revisarán en profundidad la documentación aportada por si hay algo que no sea correcto o si falta algún tipo de justificación. El también edil de Urbanismo insistió en que “si la Cotmac necesita de más documentación solo tiene que pedirla y aún no lo ha hecho”.

“Estamos convencidos de que hemos hecho lo correcto porque nos hemos reunido con los vecinos y sus abogados para consensuar la documentación a enviar y es lo que hemos hecho”, añadió Martín. El primer teniente de alcalde insistió en que “con la ley anterior, cuando la Cotmac reconoció como urbanos estos núcleos, ya pensábamos que era suficiente pero Costas se negó a reconocerlo y lo que ha hecho es no admitir la singularidad de nuestros asentamientos rurales, que se equiparan a los urbanos en el resto del territorio”.

Aún así, José Ángel Martín admitió que si Costas rechazara esta certificación podrían recurrirla o añadir una nueva documentación puesto que aún se está en plazo (tres meses) para hacerlo.

http://www.diariodeavisos.com/2013/10/certificacion-anaga-sin-datos-anteriores-1988-como-exige-costas/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+DiarioDeAvisos+(Diario+de+Avisos)

miércoles, 9 de octubre de 2013

El Supremo rechaza un recurso contra el deslinde sobre 7.460 metros de costa entre Arrecife y Teguise

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de la entidad “Realizaciones Inmobiliarias Canarias SA”, que pretendía que se anulara el deslinde aplicado sobre 7.460 metros de costa comprendidos entre Arrecife y Teguise, concretamente desde el lugar conocido como “El Oriente” hasta la ensenada de Los Mármoles.
Así, el Supremo ha confirmado la sentencia dictada en junio de 2010 por la Audiencia Nacional, que dio la razón sólo parcialmente al recurrente. En ese fallo, se anuló el deslinde aprobado en el año 2006 por el Ministerio de Medio Ambiente, pero “sólo con el fin” de que se justificara “cumplidamente que la línea de deslinde trazada coincide con la aprobada en el deslinde de 1972”, correspondiente a la anterior Ley de Costas, que era menos restrictiva.
Concretamente, la sentencia de la Audiencia Nacional reconocía que en el expediente administrativo del nuevo deslinde no constaba “información suficiente" para "valorar la corrección de la delimitación propuesta", "pues nada se ha aportado (estudio de mareas, estudio de olas, estudio geofomorfológico), para fundar la afirmación de que hasta la zona deslindada se hace sensible el efecto de las mareas ni se aprecian los efectos del mar, pues ni en la documentación ni en los anejos se aporta ninguna información sobre este extremo”.

Un fallo "sujeto a la fiscalización" de los Tribunales
________________________________________
Tras esta sentencia, la empresa recurrió, pidiendo que se mantuviera la anulación del deslinde, pero que no se le diera la opción a Costas de subsanar las carencias del expediente. “Es improcedente que la Administración pueda subsanar en el propio pleito los defectos concurrentes en el expediente administrativo”, sostenían en su recurso.
Ahora, el Supremo ha dado por buena la sentencia,  aunque admite que “podría inducir a cierta confusión”. Por eso, aclara que, efectivamente, para ejecutarla, bastaría con que se incorporaran a los autos "la argumentación y el soporte preciso que acreditara la coincidencia existente entre el deslinde practicado y el realizado en 1972”.
Sin embargo, también subraya que “ello requiere una documentación consistente y un esfuerzo argumental que no se ha proporcionado hasta ahora". Así, advierte de que si no se aporta "la argumentación que echa claramente en falta la Sala de instancia”, el fallo que anuló el deslinde pasaría a hacerse efectivo y conllevaría, “consecuentemente, la tramitación de un nuevo procedimiento, a fin de depurar la realidad física y jurídica del tramo de costa objeto de controversia”.
Además, deja claro que “para garantizar la adecuación de las actuaciones administrativas que pudieran realizarse con lo resuelto en esta sede”, el procedimiento de ejecución “está sujeto a la fiscalización de este orden jurisdiccional”. Es decir, que serán los Tribunales quienes velen por la ejecución de esta sentencia, y de que Costas justique la validez de ese deslinde
http://www.lavozdelanzarote.com/articulo/politica/supremo-rechaza-recurso-deslinde-7-460-metros-costa-arrecife-y-teguise/20131007194446083370.html

lunes, 7 de octubre de 2013

Cho vito, cinco años después.

     Con el paso de los años, me decían, olvidaras. Con el tiempo, te acostumbrarás. Con el transcurrir de los días, comprenderás.
     Pero no ha sido así. Cinco años. Cinco años han pasado desde aquellas pesadillas, de aquel mal despertar. Y no ha ocurrido, pues he comprendido que la manera más efectiva de destruir el sentido de identidad de los pueblos es borrar el pasado, desmantelar y fragmentar sistemáticamente las historias que hasta el momento se han narrado entre sí acerca de sus propias vidas, y yo no estoy dispuesto a que sea de esta manera.

     Existen muchas dudas, muchas incógnitas, muchas equis por despejar en todo lo que rodea al derribo y demolición de Cho Vito; desde como se empezó un proceso judicial, acusando a unos vecinos de estar ocupando el dominio público, que duro años, cuando los planos del deslinde reflejaban lo contrario, demostrando así que el todopoderoso Estado, no dudaría en emplear todos sus medios para eliminar tan peligroso núcleo costero; cosa que en la madrugada del 7 de octubre de 2008, y en días sucesivos, quedó claramente expuesto, en la actuación de los miembros de los cuerpos de seguridad, simples marionetas, de aquellos, que ocultándose en un desmesurado cumplimiento de la ley, y que curiosamente, muchos de ellos, siguen incumpliendo, en algunos casos la misma ley, y otros, no paran de entrar y salir de los juzgados.

En laa imagenes se ve el plano del deslinde de 1989, en vigor hasta el año 2001, fecha del nuevo deslinde, que con errores garrafales, esta en vigor. La incoacción del expediente de recuperacion posesioria llego hasta el tribunal supremo.COMO ES POSISBLE QUE TE DENUNCIE EL ESTADO DE UN DELITO, QUE LOS DOCUMENTOS DICEN QUE NO ESTAS COMETIENDO? SILENCIO POR RESPUESTA.


Desde 2008 hasta el día de hoy, sólo, reitero, sólo se han demolido las casas de Cho Vito, un pueblo de la costa del mediterráneo El Puig, una vivienda en Las Baleares y algún caso más. En total, se han eliminado menos de cien viviendas peligrosísimas para el medio ambiente; de alguna manera teníamos que justificar, que cumplimos la ley, que estamos a favor de proteger nuestras costas, que urbanizaciones, hoteles, mamotretos, clubs náuticos, y  demás, son los valedores de la protección de nuestras playas, y que cumplen con la ley, mientras, otros, merecen la confiscación, derribo, demolición, no sólo de sus casas y propiedades, sino de sus más básicos derechos, aquellos que están recogidos en la carta magna europea, y en nuestra Constitución
    El tiempo y la presión de una realidad social hasta este momento ignorada, lograron que con el cambio político en este país, se realizara un retoque antojadizo(en lugar de una reforma profunda y razonada) de la anterior ley de costas, que , lejos de lograr una norma eficaz, que proteja, en primer lugar a los ciudadanos, y luego a nuestras costas, ha elevado el número de personas afectadas por esta norma, creando mas confusión, logrando estupideces publicitarias, como los recursos ante el tribunal constitucional por varias comunidades autonómicas y por el principal partido de la oposición, creando situaciones tan alucinatorias, como que se denuncia la arbitrariedad, y la retroactividad, por parte de aquellos, que hasta hace muy poco, defendían justamente lo mismo.
   Me pregunto, sobre el papel del Ayuntamiento en todo este lio. Pues bien, queda demostrado, que sin su intima y estrecha colaboración, nada de esto hubiera ocurrido. En sus depedencias existen, los planos antiguos, imagenes e inclusos datos de la clasificación del terreno como suelo urbano desde 1979.




Imágenes del Plan de usos del litoral. MOPU 1979. Desde esa fecha, Cho vito, es suelo urbano.
¿QUIEN IDEO ESTE PROYECTO, DE PASEO Y DEMOLICIÓN SOBRE CASAS Y PROPIEDADES PRIVADAS, CON ESCRITURAS DESDE 1953.?
SARCASMO? HIPOCRESIA DE AQUELLOS QUE NOS GOBERNABAN Y QUE ESCONDIERON LA CABEZA?  la siguiente imagen es signifitiva de tal hipocreisa. Fue tomada en Cho Vito, viernes cuatro de ocrtubre de 2008. TRES DIAS ANTES DEL DERRIBO. el alcalde reconocio, en 2012, que conocia la fecha del derribo.VINO A CONSOLAR A LOS VECINOS.

Se vendió la idea de que eramos ilegales, y nadie dudo. Ni los tribunales. Alegación tras alegación, fue rechazada. Se aprovecho la justicia, del escaso poder económico de los vecinos, e incluso. se denegó la información en poder de la Dirección General de Costas, hasta despues del derribo, cuando ya no teníamos al alcance la defensa.
   Pero no piensen, que incluso asi, Cho Vito, hudió la rodilla en la tierra. Se siguió luchando, y en estos cinco años, se ha reunido tal cantidad de información, con la que podemos desvelar el nivel de connvivencia entre las administraciones ante un pueblo, al que ignoraron, menospreciaron e incluso humillaron. De hecho, para dar la copa de gracia al reo, acudieron a las fuerzas de seguridad del estado, en número totalmente desproporcionado, para poder asi, intentar demostrar la imagen inventada de peligrosos terroristas que eran 129 familias.
  A dia de hoy, y tras repetidas veces se le ha sollicitado al Ayto de Candelaria, la copia escrita de las acciones excplicativas, solicitadas, por el Grupo de Gobierno, en acuerdo plenario de el día 14 de Octubre de 2008, donde se acuerda, entre otros puntos : “Exigir a los responsables de la Dirección General de Costas, que expliquen pormenorizadamente todas las actuaciones  realizadas hasta el cumplimiento del auto judicial de fecha 23 de abril del presente año del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife a través del cual se autoriza la entrada en domicilio y demolición de Cho Vito...”(SIN CONTESTACIÓN ALGUNA)
CREO QUE VULNERAR UN ACUERDO PLENARIO , UNÁNIME, ES DELITO.
Desde 2008 hasta el día de hoy, sólo, reitero, sólo se han demolido las casas de Cho Vito, un pueblo de la costa del mediterráneo El Puig, una vivienda en Las Baleares y algún caso más. En total, se han eliminado menos de cien viviendas peligrosísimas para el medio ambiente; de alguna manera teníamos que justificar, que cumplimos la ley, que estamos a favor de proteger nuestras costas, que urbanizaciones, hoteles, mamotretos, clubs náuticos, y  demás, son los valedores de la protección de nuestras playas, y que cumplen con la ley, mientras, otros, merecen la confiscación, derribo, demolición, no sólo de sus casas y propiedades, sino de sus más básicos derechos, aquellos que están recogidos en la carta magna europea, y en nuestra Constitución
El tiempo y la presión de una realidad social hasta este momento ignorada, lograron que con el cambio político en este país, se realizara un retoque antojadizo(en lugar de una reforma profunda y razonada) de la anterior ley de costas, que , lejos de lograr una norma eficaz, que proteja, en primer lugar a los ciudadanos, y luego a nuestras costas, ha elevado el número de personas afectadas por esta norma, creando mas confusión, logrando estupideces publicitarias, como los recursos ante el tribunal constitucional por varias comunidades autonómicas y por el principal partido de la oposición, creando situaciones tan alucinatorias, como que se denuncia la arbitrariedad, y la retroactividad, por parte de aquellos, que hasta hace muy poco, defendían justamente lo mismo.
Cho Vito, no existe físicamente, pero es la manifestación real de un problema, que lejos de tener una solución efectiva, se agrava por la torpeza política, y por las decisiones del parlamento Europeo, que  desde hace años investigan no solo la ley de costas, sino casos concretos, como el de Cho Vito, denunciando la confiscación de propiedades, y la connivencia entre el poder político, la ley, y el urbanismo costero.
Cho Vito existe. Existe en el Parlamento Europeo, y en sus tribunales de justicia. Existe en el corazón de los miles de afectados por esta ley en Canarias y en España. Pero, también existe, en quien busca, defender la verdad,  sin tonterías,  frente a una justicia, casi siempre manipulada.
Antonio Alonso

domingo, 6 de octubre de 2013

El rostro de la Ley de Costas

Por: Pablo Torán
Hoy me van a permitir los lectores que comience de una forma menos aséptica que en anteriores entradas, pero es algo que, por pura honradez conmigo mismo, necesito hacer.
A raíz del anterior artículo que publiqué sobre las características de la Ley de Costas, que tanto interés suscitó, creo que la gente debe ponerle rostro a quiénes se esconden detrás de las cifras de afectados o de las siglas de una Asociación. En definitiva, creo que una democracia sana consiste en que la gente pueda saber qué hay detrás de las buenas palabras de esos políticos que siempre dicen que van a arreglarlo todo pero que nunca arreglan nada.
En Cala Tuent, Mallorca, había una vivienda construida en el año 1920 absolutamente legal. No había ninguna advertencia en el Registro de la Propiedad de que esa vivienda pudiera estar dentro del dominio público. Por este motivo, una familia decidió adquirir la vivienda con el objetivo de poder instalar un negocio y disponer de un modo de vida para su futuro. La persona que adquirió esa vivienda se llama Florentina Mora.
Pues bien, un buen día, la Administración del Estado deslindó ese terreno y le dijeron a la familia que su vivienda ocupaba un terreno que era de dominio público, de todos nosotros, y que por lo tanto ya no podía ser suya.
Esta familia se vio obligada a contratar a un abogado, gastar su dinero, pelear por lo que por derecho natural era suyo y, finalmente, tras la correspondiente –y previsible- derrota en los Juzgados, tuvo que ver cómo demolían su casa y, con ella, sus ilusiones, su modo de vida y su futuro.
Ahora bien, ¿creen que el Estado compensó de algún modo a esa familia? ¿Creen que les pagaron el precio que esa familia había abonado por una casa que en aquél entonces era legal? En absoluto.
No obstante, las malas noticias para Florentina Mora no acabaron ahí, ni mucho menos.
Así las cosas, tras demoler la vivienda, la Demarcación de Costas de las Islas Baleares no se olvidó de enviarle a esa familia una factura por más de 300.000 euros correspondiente a las obras de derribo y demolición de la propiedad –que, finalmente, han rebajado hasta algo más de 200.000 euros-. Es decir, el Estado se queda con tu casa y tu negocio gratis, te arrebatan tu modo de vida y tu futuro y, para rematar la faena, eres tú quién debe abonar la factura del derribo y la demolición de tu propiedad. ¿Realmente a alguien le parece justo que Florentina abone esos 200.000 euros?
Otra realidad que quiero reflejar sucedió en otro lugar, en Cádiz, una región en la que muchas familias han visto cómo sus viviendas eran demolidas por la aplicación de la Ley de Costas. Pues bien, un hombre ya mayor tenía una vivienda ubicada en un terreno que, tras la aprobación de la Ley de Costas, pasó a ser de dominio público. Tras el correspondiente deslinde, la propiedad de la vivienda pasó a ser del Estado, que otorgó al señor una concesión para que pudiese vivir durante un tiempo en aquella casa. No obstante, poco tiempo después, el Estado decidió rescatar la concesión que le habían dado a esa persona por la ridícula -y hasta ofensiva- cantidad de 140 euros. Sí, han leído bien, 140 euros por quedarse con su vivienda y dejarle literalmente en la calle.
No quiero que la gente se confunda. De ningún modo quiero decir que haya que dar vía libre a la edificación en la costa o no respetar el medio ambiente. Nada más lejos de la realidad. Lo que quiero decir es que la Ley de Costas debería aplicarse de manera ecuánime, razonada, moderada, diferenciando cada supuesto en función de sus peculiaridades y, sobretodo, compensando económicamente a quién por causas ajenas a ello tienen que pasar el mal trago de ver cómo pierden su vivienda. ¿No creen que esas personas merecen al menos la oportunidad de volver a empezar?
Es decir, no puede dársele el mismo tratamiento a una promoción construida recientemente sin licencia sobre una playa y que está prácticamente vacía que, por ejemplo, a una vivienda adquirida legalmente por una familia y que respeta el medio ambiente y los derechos de todos nosotros a disfrutar del litoral.
A la hora de regular la responsabilidad de las personas por la pérdida de una cosa, el Código Civil exime de pagarla a quién la pierde debido a una causa de fuerza mayor, es decir, a un factor que escapa a su control. Pues bien, ¿acaso el propietario de una vivienda en una zona de dominio público no se encuentra en el mismo supuesto? Tenemos que tener en cuenta que quien pierde su casa no la pierde por un hecho achacable a él, no es su responsabilidad. A él le ofrecieron la posibilidad de adquirir una vivienda (o la heredó de su familia) totalmente legal y creo, sinceramente, que no puede verse obligado a pagar por los cambios legislativos del gobierno de turno.
Al hilo de la reciente reforma de la Ley de Costas, el otro día escuché a un político explicando las bondades de la Ley de 1988, remarcando el alto porcentaje de éxito que tiene el Estado ante los propietarios de las viviendas deslindadas en los tribunales. Pues bien, sin entrar en la desigualdad de la contienda, pues los recursos del Estado son infinitamente superiores a las de los simples propietarios de una vivienda –que en muchas ocasiones no tienen recursos ni para pagar a un abogado, y ya ni hablemos de los dictámenes periciales necesarios para afrontar un proceso con alguna garantía de éxito-, debo traer a colación una reflexión. ¿Cuál es la función de los tribunales? Aplicar la Ley, única y exclusivamente, no analizar la justicia o injusticia de la misma. Por lo tanto, que los tribunales fallen a favor del Estado en estos temas no significa que la Ley sea más o menos injusta ni que tenga una mayor legitimidad moral, como pretendía insinuar el citado político.
Ahora bien, si los parlamentarios desean conocer la opinión de sus colegas europeos sobre la Ley de Costas, que les pregunten a ver qué opinan, pues hace pocos días la Comisión Europea abrió un expediente informativo a España debido a la reciente –e insuficiente- reforma de la Ley de Costas.

A vueltas con Costas

La nueva Ley de Costas que ha aprobado el Partido Popular, sin apoyos de otras formaciones políticas, tampoco va a solucionar el grave problema que afecta a la costa de Canarias, como puede ser el caso de los núcleos urbanos de las playas de La Viuda y Lima, en los términos municipales de Candelaria y Arafo.
Para Domingo Ramos, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Candelaria, “esa Ley de Costas está hecha a medida de ciertos enclaves peninsulares; esa ley tiene nombre y apellidos”, comenta con firmeza, mientras reconoce que “ni con la Ley del 88 ni con la nueva”, las viviendas que ocupan el dominio marítimo-terrestre que se sitúa justamente por debajo de la carretera “dejan de estar fuera de ordenación”, hablando de 15 edificios que corresponden a 23 viviendas, aunque admite que “muchas de ellas no pueden ser de primera ocupación”, entre otras razones porque ninguno de sus moradores presentó solicitud en el Ayuntamiento para optar a una vivienda de protección oficial de las que fabricó Epelcan en la misma playa de La Viuda.
Berta Gámez, presidenta de la asociación de vecinos, explica que “solo hay 23 casas por cada municipio que están afectadas por Costas y solo las del municipio de Arafo conocen el expediente desde junio de 2008 y son conscientes de que invaden la demarcación marítimo-terrestre”.
La presidenta del colectivo vecinal va más allá de los políticos y admite que “14 de esas 23 familias tienen aquí su primera y única vivienda y desde hace años hay conversaciones con el Ayuntamiento de Arafo para tratar de buscarles otra vivienda”.
Hay que recordar, en lo que se refiere a Candelaria, que el Ayuntamiento conocedor de esta situación envió, en febrero de 2012, una carta a los afectados en las que se les apuntaba que el Consistorio había aprobado la construcción de 70 viviendas de promoción municipal y que había reservado una serie de viviendas para aquellos realojos de ciudadanos afectados por operaciones urbanísticas o ejecuciones de obras públicas de carácter o interés general.
Un proyecto con un largo recorrido
Primero fue en 2004 y después en 2007. La Demarcación de Costas proyectó, con un presupuesto inicial de 4 millones de euros, en La Viuda y Lima, un paseo litoral con parque marítimo y una gran piscina común incluida que hoy, como otras tantas cosas con Costas -segunda fase de la playa de Punta Larga incluida- duerme el sueño de los justos, y en este caso para satisfacción del centenar de personas que temen en esas playas perder sus viviendas por sentencia judicial, siguiendo los pasos de lo que ocurrió en Cho Vito.
No obstante, Domingo Ramos, concejal de Urbanismo de Candelaria, es consciente de que “ese proyecto tiene largo recorrido y supongo que la sentencia por la Ley de Costas, también”.
Desde Arafo, el otro municipio implicado, su alcalde, José Juan Lemes, se limitó a indicar: “La información que he podido recabar relativa a la Ley de Costas en lo que respecta a Playa de Lima es que a mediados de agosto el Ayuntamiento envió el plano de delimitación del núcleo de viviendas preexistente en Playa de Lima junto con la justificación de su antigüedad para que sea incluido como pueblo costero”.
http://www.diariodeavisos.com/2013/10/vueltas-con-costas/