Nuestros pueblos costeros.Canarias

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Cho Vito, década de los 60

sábado, 4 de enero de 2014

El gol que Felipe Gonzalez metió a Margaret Thatcher con la Ley de Costas

1989 CONGRESO DE LOS DIPUTADOSPREGUNTA DEL DIPUTADO DON JUAN ANTONIO MONTESINOS GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN POPULAR, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE PREVISTO EL GOBIERNO ADOPTAR ALGUNA MEDIDA, ADEMAS DEL JUSTO PRECIO, QUE COMPENSE ECONOMICAMENTE A LOS RESIDENTES EXTRANJEROS PROPIETARIOS DE INMUEBLES EN EL LITORAL ESPAÑOL, QUE SERÁN EXPROPIADOS POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE COSTAS?



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 9, del señor Montesinos García. Tiene la palabra el señor Montesinos. 

El señor MONTESINOS GARCIA: Gracias, señor Presidente. 
Señor Ministro de Obras Públicas, según una información aparecida en el "Sunday Times", el 12 de marzo, más de medio millón de ciudadanos británicos se verán afectados por la posible expropiación de inmuebles de su propiedad. 
De ahí la pregunta: ¿Tiene previsto el Gobierno adoptar alguna medida, además de pagar el precio justo, que compense económicamente a los residentes extranjeros propietarios de inmuebles en el litoral español, que serán expropiados por la aplicación de la Ley de Costas? 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Montesinos. Tiene la palabra el señor Ministro de Obras Públicas. 

El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO (Sáenz Cosculluela): Señor Presidente, señoría, me causa extrañeza que, habiendo leído esa noticia, no haya tenido conocimiento del comunicado que, como respuesta leo, que fue divulgado por el Ministerio de Obras Púíblicas y Urbanismo: En relación con las informaciones publicadas recientemente en diversos medios de comunicación británicos, relativas a una hipotética nacionalización o expropiación de las residencias veraniegas propiedad de ciudadanos británicos en el litoral español, como consecuencia de la aplicación de la Ley de Costas, se hace público el siguiente comunicado:
  • Uno. El Ministerio de Obras Públicas y urbanismo desmiente rotundamente que la Ley de Costas implique la nacionalización o expropiación de propiedad alguna de ciudadanos españoles o extranjeros. Sólo aquellas edificaciones que carezcan de todo soporte legal se verán afectadas por los oportunos expedientes sancionadores, según el procedimiento legalmente establecido y con todas las garantías procesales para los interesados. La Ley de Costas arbitra mecanismos para la legalización de construcciones realizadas en la zona de dominio público marítimo-terrestre, así como salvaguarda las edificaciones construidas de acuerdo con la legislación anterior. 

      . Dos. El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo -sigue diciendo el comunicado- afirma que una lectura objetiva y rigurosa de la Ley de Costas no puede llevar a declaraciones como las que se han hecho públicamente, por lo que no puede dejar de constatar y lamentar profundamente que se estén produciendo por parte de algunas personas con determinada representatividad -obviamente el comunicado es anterior a la pregunta y no es S. S. el aludido- campañas que tienden intencionadamente a generar una confusión en la opinión pública.

25 años después, se confirma todo cuanto anunció el "Sunday Times". Los ciudadanos europeos han visto confiscadas sus propiedades.

lunes, 30 de diciembre de 2013

Canarias pide decidir sobre costas, tráfico aéreo y permisos de trabajo


La reforma del Estatuto de Autonomía que ha propuesto el Gobierno canario al Parlamento regional incluye nuevas competencias para Canarias, entre las que destacan las de transporte aéreo interinsular y la cogestión de los aeropuertos de interés estatal, la gestión de la costa (incluyendo la delimitación del dominio marítimo terrestre y las concesiones administrativas para su uso), permisos de trabajo a extranjeros, predicción meteorológica, telecomunicaciones, y comercio y sanidad exterior.

Asimismo, en el texto planteado por el Ejecutivo regional, se recoge además la participación de la Comunidad Autónoma en la delegación española ante la UE cuando se trate de asuntos que afecten a las Islas en su condición de región ultraperiférica (RUP), y se requerirá también informe previo del Parlamento regional en las iniciativas de las Cortes Generales que afecten al Régimen Económico y Fiscal (REF) canario o la condición de RUP.

Estas son las principales novedades competenciales de la reforma del Estatuto que, con el apoyo de los grupos parlamentarios de CC-CCN-PNC y PSOE, presentó en octubre el Gobierno canario para su debate, aprobación y posterior remisión a las Cortes Generales, solo con cuyo visto bueno podría entrar en vigor. El documento recoge los puntos ya consensuados entre CC, PSOE y PP en el Parlamento canario en 2006, cuando se aprobó un proyecto de reforma del Estatuto que fue enviado a las Cortes, donde a su vez el PP hizo nuevas aportaciones, aunque finalmente fue retirado en 2007. Sin embargo, el PP canario ha advertido que esta vez no colaborará, al no considerar prioritario ni útil esta reforma estatutaria para salir de la crisis económica.

En cuanto a la inmigración, de salir adelante esta modificación de la carta magna canaria, correspondería al Gobierno autonómico dar los permisos de trabajo a los extranjeros cuya relación laboral se desarrolle solo en Canarias, en coordinación con el Estado, competente sobre entrada y residencia de extranjeros.

Especial importancia tiene en la nueva propuesta de ley de leyes autonómica el apartado de costas, pues se recoge que Canarias tendría la competencia exclusiva sobre los planes de ordenación y uso del litoral y de las playas, el deslinde de la zona marítimo terrestre y de su servidumbre de protección, así como la gestión de los títulos de ocupación y uso de la franja de dominio público.

Otro de los cambios de gran relevancia propugnados por el Gobierno canario en su documento se refiere a los transportes, pues la Comunidad Autónoma tendría la competencia exclusiva sobre vuelos interinsulares y el resto de medios entre las islas, así como la de definir las las tarifas que se les aplican, además de la participación en la planificación y gestión de los puertos y aeropuertos de interés general que el Estado gestione directamente. Y ello debido al carácter archipielágico y ultraperiférico de Canarias, lo que hace su economía muy dependiente de las conexiones aéreas.

Otra nueva competencia canaria sería la de los los servicios asistenciales correspondientes a sanidad exterior en el ámbito espacial de la Comunidad Autónoma. También tendría la Administración regional poder decisorio sobre telecomunicaciones, para promover un mínimo de servicios de acceso universal, la inspección y sanción, la resolución de conflictos entre operadoras de televisión que compartan múltiplex de cobertura y la gestión del registro de instaladores.

En comercio exterior, en coordinación con el Gobierno estatal, PSOE y CC defienden para la Comunidad Autónoma el derecho de proponer al Estado iniciativas que afecten a las relaciones comerciales con países con los que hay vínculos históricos, es decir, con África y América.

http://www.diariodeavisos.com/2013/12/canarias-pide-decidir-sobre-costas-trafico-aereo-permisos-trabajo/