Nuestros pueblos costeros.Canarias

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Cho Vito, década de los 60

lunes, 29 de diciembre de 2014

LA INOCENTADA DE MARIANO RAJOY ¡¡NO TIENE NINGUNA GRACIA!!


 

POLÍTICA ESPAÑOLA EN EL EXTRANJERO

Artículo 2. Principios y objetivos de la Política Exterior.

1. La Política Exterior de España tiene como principios inspiradores el respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. La Política Exterior de España defenderá y promoverá el respeto y desarrollo del derecho internacional, en particular el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas
. Promoverá los proyectos de construcción europea y de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, así como el multilateralismo en el seno de la comunidad internacional.
 
 
 
2. Son objetivos de la Política Exterior de España:

c) La promoción y consolidación de sistemas políticos basados en el Estado de Derecho y en el respeto a los derechos fundamentales y las libertades públicas;

Artículo 16. Acción Exterior en materia de derechos humanos.

1. La Acción Exterior en materia de derechos humanos promoverá la extensión, reconocimiento y efectivo cumplimiento de los principios fundamentales defendidos por la comunidad internacional de Estados democráticos y reconocidos en la propia Constitución Española, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los demás pactos y tratados ratificados por España en esta materia, en especial las Directrices de derechos humanos de la Unión Europea.

2. Asimismo, promoverá la cooperación internacional en materia de defensa y garantía de los derechos humanos y contará para ello con el trabajo de proyección exterior de los órganos constitucionales.

 
 
POLÍTICA INTERNA ESPAÑOLA VISTA DESDE EL PARLAMENTO EUROPEO
Conclusión: a falta de la intervención de los peticionarios, prevista para el día siguiente, la comisión concluye que existe un problema de seguridad jurídica y de indemnización justa, que las declaraciones de los representantes del Gobierno español y de la Comisión no son satisfactorias y que el Parlamento proseguirá el examen del asunto.
Decisión: solicitar al Presidente Buzek que remita un escrito al Presidente del Gobierno español, haciendo hincapié, entre otros, en la aplicación arbitraria de la ley, la falta de seguridad jurídica y la indemnización injusta; escribir una carta a la Comisaria Viviane Reding para solicitarle una aclaración de los aspectos de las peticiones relacionadas con la Carta de los Derechos Fundamentales y el CEDH. Los coordinadores debatirán otras posibles medidas de seguimiento.
 
 


 
Publicación de la AEPLC

martes, 16 de diciembre de 2014

Tufia existe, aunque sea 27 años después


Les costó 27 años de lucha, pero  los vecinos han logrado que la Ley de Espacios Naturales de Canarias reconozca que existe Tufia. Ya estaba entonces, en 1987, pero la obviaron, lo que ha imposibilitado que el poblado haya sido legalizado. Ahora una ley no solo reconoce que  existe, sino dice que es un núcleo urbano y lo ampara frente a Costas.

El pintoresco caserío costero de Tufia tenía dos frentes abiertos que ponían en riesgo su continuidad como núcleo poblado reconocido y consolidado. Uno era la Ley de Costas, aprobada por el Estado. Parte del pueblo invade la zona donde esa norma prohíbe que haya viviendas. En Tufia hay 17 en esa situación y sobre ellas, las que están en la orilla de la playa, pesa una orden firme de derribo. Y el otro frente lo tenía en Canarias, en la redacción de la Ley de Espacios Naturales de Canarias, que data de 1987. Este articulado le dio al paraje de Tufia la categoría de Sitio de Interés Científico y lo declaró incompatible con la urbanización, pero no tuvo en cuenta que este caserío llevaba décadas allí.

Esos dos frentes han marcado el devenir del barrio hasta la semana pasada, cuando el Parlamento aprobó la Ley de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales de Canarias, la norma que abre una salida a todos los caseríos costeros de las Islas afectados por la Ley de Costas y que tienen viviendas pendientes de derribo.

Hasta ahora se sabía que una de sus disposiciones da encaje al convenio con el que el Consistorio quiere salvar Ojos de Garza y realojarlo unos metros más atrás de la orilla. Pero ayer la asociación de vecinos Bentaguayre, que preside Javier López-Urrutia, levantó la mano para advertir de que esta ley también se acuerda de Tufia: dice que existe, que es «urbano» y abre la puerta a realojar las 17 casas afectadas por Costas.

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=359016

domingo, 14 de diciembre de 2014

El Gobierno canario recurre ante el Supremo el Reglamento General de Costas


El Gobierno de Canarias ha recurrido ante el Tribunal Supremo el real decreto por el que se aprobó el Reglamento General de Costas, al considerar que esta normativa vulnera sus competencias autonómicas.

 
Canarias cuestiona en su recurso varias disposiciones sobre los núcleos de población en la costa, la clasificación de playas, la limitación de celebración de eventos y la ampliación de las afecciones a las parcelas sujetas a servidumbre de protección, según informa el Ejecutivo regional en un comunicado.

 
La comunidad autónoma alega que la determinación de qué suelos son merecedores de tener la condición de urbanos, a los efectos de aplicarles o no la servidumbre de protección de costas, es una competencia urbanística (por tanto, local y autonómica), de forma que no debería ser el Estado el que adopte esa decisión.

 
El Reglamento General de Costas obliga además a los gobiernos autonómicos a distinguir en las playas tramos urbanos y naturales y establece un régimen jurídico para cada uno de ellos.
 

El Gobierno canario entiende que esa obligación se excede de las competencias estatales, toda vez que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado ya al respeto y tiene reconocidas las competencias para la ordenación de las playas a las comunidades autónomas.

 
El reglamento también limita la celebración de eventos deportivos o culturales en las playas urbanas y establece que éstos tienen que tener relevancia nacional o internacional.

 
El Gobierno de Canarias recuerda que en las islas "existe una multitud de eventos deportivos, como campeonatos de windsurf o surf, que se vienen desarrollando en playas o tramos de playa naturales, y cuya prohibición no sólo perjudicaría los intereses de la comunidad autónoma, sino que iría en contra de la competencia que ésta tiene en materia de Deportes y Ordenación del Litoral".

 
El Ejecutivo de Paulino Rivero se opone además a que solo se autoricen eventos de ámbito nacional o internacional, "pues existen numerosísimos campeonatos insulares y locales en todo el archipiélago que son también de interés turístico y deportivo", argumenta.

 
La comunidad autónoma rechaza, asimismo, que el reglamento amplíe las afecciones en parcelas que se encuentran en la actualidad sujetas a la servidumbre de protección de la costa.

 
El Estado pretende con este documento ampliar la figura de protección a la totalidad de la parcela que tenga alguna parte afectada por las servidumbres costeras, aun cuando la mayor parte de ella se encuentre fuera de esa protección.

 
"En una comunidad que basa buena parte de su economía en el turismo asociado a los usos costeros, esta medida podría tener un efecto demoledor", advierte el Gobierno canario, "pues con ello se impediría, entre otras repercusiones, gran parte de la política que se está llevando a cabo de modernización de núcleos turísticos".

 
El Gobierno de Canarias también ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la reforma de la Ley de Costas, la ley que ahora desarrolla este reglamento.

 

 

EN GALICIA,Costas admite la plena consolidación de todos los núcleos del litoral de Marín


El ministerio asume los criterios del gobierno local y confirma el asentamiento urbano de Casás, Teoira, Loira y Aguete » El próximo martes se reunirá la comisión de seguimiento

    Costas del Estado ha admitido finalmente el grado de consolidación de los núcleos de Casás, Teoira, Loira y Aguete Sur, siguiendo los argumentos presentados por el Concello de Marín en julio del año pasado. En un informe remitido por la Dirección General de sostenibilidad de la Costa y del Mar, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, se asumen los argumentos de Marín para defender los asentamientos urbanos que aún quedaban por aclarar en su litoral, adaptándose a la nueva ley de Costas de 2013.
 

"Se puede concluir que los citados núcleos cumplen con el grado de consolidación exigido para aquellas áreas que no contaban con servicios urbanísticos a la entrada en vigo de la Ley 22/1988, informando favorablemente a la aplicación de la Disposición transitoria primera de la Ley 2/2013", expone en sus conclusiones el informe remitido por el ministerio.

Se incluye a Marín en la disposición transitoria de la ley, que se refiere a los municipios que ya disponían de plan urbanístico antes de la entrada en vigor de la ley de Costas del año 1988, porque el municipio disponía de normas subsidiarias con similar consideración.

Marín había resuelto en gran parte el problema de los núcleos del litoral, al aprobar el nuevo plan xeral de ordenación municipal. Sin embargo quedan pendientes de ordenación estos cuatro lugares.

Estudio

Para solventar la situación, el gobierno local presentó a los integrantes de la comisión de litoral un estudio de consolidación elaborado por el equipo redactor del planeamiento, con el objetivo de reducir la línea de servidumbre para justifica una consolidación de dos tercios en los núcleos del litoral de Casás, Teoira, Loira y Aguete Sur.

El estudio de la consolidación elaborado por el equipo redactor, realizado teniendo en cuenta los cuatro documentos que ya se realizaron anteriormente en el municipio, trataba simplemente de "plasmar la realidad existente", como explicó entonces la alcaldesa, María Ramallo.

Para adaptarse a la Disposición transitoria de la ley, que da cabida a estas excepciones, se tomaron unos parámetros de consolidación, según los cuáles, a la entrada en vigor de la ley de Costas de 1988, Casás tenía un grado de consolidación del 78,48%, para el núcleo de Aguete Sur se establecía un 92,03%, para Teoira un 73,67% y, finalmente, para el núcleo de Loira un 76,04%.

El cálculo se realizó aplicando un método gráfico, que pone en relación la suma de las superficies de las parcelas consolidadas en 1988, con la superficie total del ámbito, tras descontar los viales y zonas verdes existentes en dicha fecha.

El reciente informe de Costas informa favorablemente a la argumentación del Concello para consolidar dichos núcleos, con lo que el gobierno local da por concluida la incertidumbre que pesaba sobre las viviendas afectadas.

Reunión

Para determinar las conclusiones definitivas del informe recibido por el Concello, el próximo martes se reunirá la comisión de seguimiento de la ley del litoral, con la presencia de los responsables de Xunta y Costas del Estado.

http://www.farodevigo.es/portada-o-morrazo/2014/12/14/costas-admite-plena-consolidacion-nucleos/1149907.html

domingo, 16 de noviembre de 2014

Cho Vito, a la espera de otra batalla dos años después

 


El 16 de noviembre de 2012 desapareció el poblado de Candelaria. La ayuda social de alquiler a los afectados termina este mes.
 

T al día como hoy, pero hace dos años, las palas retornaron a Cho Vito, el poblado marinero de Candelaria. Ayer, víspera de este segundo aniversario de aquel día triste, Filiberto volvió a su hogar. Lo hizo en forma de ceniza y para abrazar el mar a cuya orilla pasó mucho del tiempo que existió. Fueron 8 horas del 16 de noviembre de 2012 las que bastaron para que las palas terminaran con nueve casas, entre ellas la de Tomás González, la cara y voz de este lugar hoy convertido en una playa en la que los callaos no tienen orden, con algo de suciedad, poblado por el arrullo del mar y, eso sí, con un impresionante paseo en altura.
Cho Vito estará siempre vinculado a la lucha contra la Ley de Costas. Su desaparición cerró un capítulo, pero abrió otro. El grupo de últimos moradores de Cho Vito (los primeros 23 perdieron sus casas el 7 de octubre de 2008) trasladaron su casa al salón de plenos del Ayuntamiento de Candelaria esa misma tarde. Allí estuvieron hasta el día 19, cuando llegaron al acuerdo con las administraciones de que "a cuatro de las nueve familias (el resto se irá con familiares) les pagarán el alquiler de una vivienda durante dos años, periodo que puede ser prorrogado, y al grupo les construirán once en el solar situado por encima del expoblado marinero".
El 30 de este mes concluyen esos primeros dos años. Los cuatro tendrán problemas para seguir pagando el alquiler si no cuentan con esa ayuda económica. Sirva de ejemplo el caso de la viuda de Filiberto, quien se verá abocada a abandonar la casa que ahora ocupa por falta de recursos económicos.
Tomás González vuelve a la carga y pide una reunión con el consejero regional de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, Domingo Berriel, "porque en el Ayuntamiento de Candelaria aquellos con los que firmamos, el alcalde y el concejal de Urbanismo, no nos reciben". Es una lucha continua, "pero no vamos a rendirnos. Si es preciso, seremos okupas", anuncia el portavoz.
Cho Vito lo formaban 31 viviendas, de las que en la primera ocasión, las palas dejan nueve en pie, hasta hace dos años. Sobre esas construcciones, la mayoría, existía sentencia judicial contraria, pero aún quedan cuestiones por resolver. Hasta tal punto que la Unión Europea aborda lo sucedido en Cho Vito a raíz de la denuncia que formularon los afectados. "No es descartable que tengan que reconstruirlo".
Carlota, Montse, Antonio, Miguelín, Tomás... Ellos se quedaron sin su hogar una vez a la orilla del mar en la falda de la central eléctrica de Las Caletillas. Ahora pueden revivir esa situación pero en un piso porque la administración "quiere incumplir lo que firmó".
El primer impacto al llegar a Cho Vito es no "toparse" con la casa de Tomás. Después, el vacío. De aquellas 31 familias solo queda una pared de lo que fue un hogar.
http://eldia.es/sur/2014-11-16/3-Cho-Vito-espera-otra-batalla-dos-anos-despues.htm

lunes, 3 de noviembre de 2014

Cho Vito: los ecos de una demolición


Los vecinos que vieron, hace ahora dos años, cómo las palas derribaban sus casas siguen luchando para "hacer justicia"

 

Las casas blancas salpicadas por el salitre han pasado a ser callaos donde rompen las olas. Los recuerdos de los vecinos, escombros que todavía quedan apoyados en alguna pared que resiste. El paseo entre la ropa tendida y el olor a pescado es ahora una senda de madera con mirador incluido. Y el barrio donde los cafés se compartían con la puerta abierta, una rincón donde disfrutar del sol y el mar.

Cho Vito ya es historia. El próximo día 16 se cumplen dos años del último desalojo en el poblado marinero, 24 meses que han convertido al lugar que un día fue refugio de 30 familias en una playa más para los ciudadanos. El poblado marinero ya es pasado. Ahora, su sitio lo ocupa un paseo litoral que algunos aprovechan para broncearse, pero donde otros solo ven una tierra por la que aún quieren luchar.
Cho Vito ya no sale en los telediarios. El poblado, demolido por la Dirección General de Costas debido a que las casas invadían el dominio público y en aplicación de la Ley de Costas, ha quedado en el olvido. Dos años se cumplen de los días en que fue protagonista a nivel nacional, de la lucha de unos vecinos para los que les tiraran sus casas, de una historia de sentencias y denuncias.

Poco queda de todo aquello. Ahora, en este pequeño núcleo de Las Caletillas, nada parece recordar lo que allí se vivió. En lugar de un barrio, hay una playa. En vez de pescadores, lo frecuentan turistas e iguesteros en busca de un chapuzón. Tomás González, uno de los vecinos desalojados, asegura que "es una imagen desgarradora para nosotros". "Aquí crecieron nuestros hijos y aquí hemos pasado toda nuestra vida", confiesa melancólico sobre los callaos.

Para algunos, la visita con la opinión de tenerife a Cho Vito era apenas la segunda ocasión en que volvían a ver el que fue su hogar. "Todo esto no ha servido para nada, solo para echarnos de aquí", critica Eva González, otra de las desalojadas, echando una mirada de añoranza hacia la playa. Y es que para los que poblaban Cho Vito, la construcción de un paseo litoral en los propios callados donde residían solo era una excusa para quitarles sus viviendas. "El sendero ya existía antes entre las casas y era mucho más accesible que el que se ha construido ahora", apunta González.

Lo cierto es que las obras que la Dirección de Costas ha realizado en el barrio pesquero incluyen la limpieza del litoral, el ensanche del camino marítimo –que ahora incluye también un mirador– y la ampliación de la zona de baño, un espacio que ya disfrutan algunos vecinos pero que para los que resistieron en Cho Vito no justifica su dolor. Tampoco los fondos que emplearon en su construcción. "Se destinó más de un millón de euros para adecuar esta zona y aún hoy, dos años después, se pueden ver escombros y carteles de peligro por desprendimiento", señalan los vecinos.

Gracias al proyecto de rehabilitación de la costa de Candelaria se construyeron 225 metros de paseo peatonal con una superficie pavimentada de 1.647 metros cuadrados, un trayecto que incluye escaleras, mobiliario urbano y ajardinamiento. Sin embargo, los antiguos residentes de este poblado aseguran que en este nuevo sendero litoral no se realizan las tareas de acondicionamiento ni mantenimiento que se prometieron. "Los tubos están sucios, hay hierros oxidados y aún puede verse alguna pared por ahí", explica Antonio Luis, otro de los afectados.

Porque para los vecinos, la vida a Cho Vito no se la dan un par de metros más de playa, ni algo más de espacio para tostarse al sol. Lo de dar alegría al barrio era cosa de ellos. "Siempre teníamos nuestras puertas abiertas para todo el mundo y hasta hemos salvado la vida de más de un turista", apunta González con ganas aún de pelear por aquello que las palas convirtieron aquel fatídico 16 de noviembre en recuerdos. "Éramos como una familia grande", añade con nostalgia.

Y es que Cho Vito se ha transformado pero también la vida de quienes crecieron entre sus piedras. "Antes éramos una comunidad. Todos nos ayudábamos y ahora ni conocemos a nuestros vecinos", revela González. Las familias afectadas por la demolición del poblado pesquero residen ahora en unas viviendas sociales que el Ayuntamiento de Candelaria les facilitó durante dos años. Nada que ver con lo de antes. "Estábamos acostumbrados a otra forma de vivir y ahora te conviertes en un extraño en tu propia Isla", añade el iguestero.

Las historias personales de cada uno de ellos aún siguen clavadas allí, entre los riscos y el mar. Algunos visitan el lugar para reflexionar y para rememorar, pero también para seguir luchando. "Nuestra posición es seguir peleando. La justicia es lenta pero creemos en ella y al final dará claridad sobre todo este proceso", asegura González. Porque de momento, el futuro de este lugar todavía está en el aire. La Unión Europea no ha dicho su última palabra y los afectados se agarran a este resquicio de esperanza. "Se apuraron al máximo, vulneraron los derechos de los ciudadanos y nos sacaron de aquí a la fuerza", explican los exmoradores de las viviendas de Cho Vito.

El futuro no está claro pero el presente sigue siendo duro, porque, expulsados de unas casas que invadían el dominio público y fueron declaradas ilegales, los vecinos aseguran que aún siguen pagando facturas y hasta la hipoteca. "Ayer mismo me pasaron el pago del agua: 108 euros. ¿Dónde está entonces la ilegalidad", se pregunta González. Tampoco tienen asegurado su hogar. "Esperamos por la construcción de una parcela, justo encima del poblado, que el Ayuntamiento se comprometió a cedernos pero en el que ahora no quiere invertir", confiesa el expropietario.

No buscan una indemnización, solo el reconocimiento de lo que consideran una "injusticia". "El dolor y la tensión que hemos pasado no se puede cuantificar", resalta González. "Y hasta día de hoy no hemos visto una sentencia en firme donde se avale el derribo de nuestras casas", añade el que fuera residente del poblado marinero.

Ya no hay barrio pescador en Cho Vito. Ahora hay un amplio lugar de esparcimiento sin los obstáculos blancos de cemento que hace dos años se llenaron de frases reivindicativas y sucumbieron a las palas. Ahora, en lugar de viviendas de autoconstrucción que se alongan peligrosamente al mar hay una playa donde tumbarse al sol, caminar por la orilla y mirar al horizonte.

http://www.laopinion.es/tenerife/2014/11/03/cho-vito-ecos-demolicion/572936.html

martes, 21 de octubre de 2014

Que no derriben injustamente la casa de Quico Bea

Juan Francisco Bea Rodríguez, al que todos conocen como "Quico Bea", es un conocido músico de O Grove que en menos de un mes puede perder su casa. Dice estar "desesperado" ante a difícil situación que debe afrontar, ya que además de perder su hogar, "y no tenemos dónde ir", puede quedarse también sin su único medio de vida y de trabajo, ya que este músico -un autónomo de 50 años- integra el dúo Prisma y en dicha residencia tiene instalado su estudio.



Sabe que las piquetas van a llegar, salvo que ocurra "un milagro" en el Tribunal Constitucional, donde ha presentado los recursos pertinentes. La casa está afectada por la Ley de Costas y mientras apela a la jurisprudencia que puede darle la razón, le han dado "un ultimátum de un mes"

"Llevo quince años pagando la hipoteca de esta vivienda y me enteré hace cinco de que tenía pendiente una orden de derribo", alega este vecino grovense.

Mientras reflexiona en voz alta sobre todo lo sucedido en "estos últimos quince años de lucha judicial", Quico Bea confiesa que Costas ya le ha impuesto ocho multas "y me tienen las cuentas embargadas, por eso para pagar la hipoteca y demás recibos mensuales tengo que ir al banco y entregar el dinero en mano, casi como si fuera un delincuente".

"Lo único que hice, repito una vez más, fue comprar una casa sin saber que tenía orden de derribo. La Administración no inscribió la carga del deslinde en el Registro de la Propiedad y nadie nos avisó de este problema; una vivienda que es la única que tengo y cuya hipoteca aún tendré que pagar durante los diez próximos años".

En el Derecho de la Unión, el derecho  a la vivienda es un derecho fundamental garantizado por el artículo 7 de la Carta. En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha estimado que la pérdida de una vivienda es una de las más graves lesiones del derecho al respeto del domicilio.
 
Os envío la página donde podeis firmar en apoyo de estos afectados. Pasarla a todos vuestros contactos.
 

domingo, 19 de octubre de 2014

Decepción en Pedregalejo por la nueva solución de legalidad de la ley de Costas


Los vecinos de las casas afectadas reclaman el cambio de titularidad del suelo en lugar de la prolongación de la concesión, que se elevará a 75 años - El canon que pretende cobrar el Gobierno también se sitúa en el centro de las dudas

 




No se aprecian grandes gestos de júbilo. Tampoco, siquiera, de alivio generalizado. A pesar de la euforia de algunos diputados, los vecinos de Pedregalejo, El Palo y La Araña no han dado la bienvenida al reglamento de la ley de Costas como si se tratara de la antesala a una solución heroica y definitiva. A falta de su publicación en el BOE, el proyecto diseñado por el Gobierno, que plantea una nueva moratoria de 75 años para las casas de pescadores alineadas en el espacio marítimo-terrestre, parece chocar de frente con las dudas de los afectados. Sobre todo, en lo que se refiere a la contrapartida económica -asegura que desconocen el coste anual del futuro canon y que nadie se lo ha explicado-, pero también a la lectura de fondo del problema por parte de la administración, que para muchos ha sido decepcionante.
En la barriada de Pedregalejo, los vecinos se declaran, en su mayoría, desilusionados. Creen que se ha agotado una nueva oportunidad sin atender a su principal reivindicación: la cesión de la titularidad de los terrenos a los propietarios que los han usufructuado en todas estas décadas, lo que significaría, de hecho, el salto a la legalidad de la línea de edificaciones más característica de la barriada, todavía, y en pleno siglo XXI, en una especie de limbo jurídico y urbanístico. «Creíamos que se iba a hacer como con las viviendas protegidas de El Palo, que la propiedad pasaría a manos de las familias, con un precio y un plazo a pagar», señala Antonio Delgado, presidente de la asociación.
Las palabras del representante vecinal no son gratuitas. La nueva formulación de la ley de Costas, que echó a rodar con la entrada en el Gobierno del PP, se inclinaba en sus inicios por una solución más ambiciosa. El primer borrador del texto, sin ir más lejos, abría la puerta a la desafectación completa del barrio, que se justificaba en su solidez y en su condición de colonia popular tradicional. En España son alrededor de 12.000 las viviendas atrapadas en la misma situación. Algunas, como las de Málaga, construidas con anterioridad a la normativa. Otras, surgidas al socaire de la cultura del pelotazo, en muchos casos en manos de propietarios extranjeros, que están dispuestos casi a montar un contubernio diplomático con tal de no perder su inversión.
Adolfo García, también del colectivo de Pedregalejo, es consciente de la dificultad formal que entraña el problema. Quizá, sostiene, la ampliación de la concesión sea la única solución jurídicamente viable en este momento. En otras cosas, porque la ley está recurrida en su conjunto, y a instancias del PSOE, en el Tribunal Constitucional. No obstante, reprocha a la administración su falta de comunicación con los vecinos: «Necesitamos que vengan y expliquen punto por punto porque han optado por este camino y lo que va a suponer. Nos ofrecemos a convocar una asamblea», indica.
Uno de los aspectos que más preocupa a los vecinos gravita en torno a la cuantía del canon que el Gobierno tiene previsto cobrar anualmente por permitirles habitar en un suelo que, en su mayoría, y pese a innúmeras contradicciones, sigue siendo de titularidad pública. De momento, y según ha podido saber este periódico, se habla de un coste que podría suponer el 6 por ciento del valor catastral de la vivienda. Si se tiene en cuenta el baremo medio del país, que ronda los 60.000 euros, la cantidad podría elevarse a 3.600 euros por familia, aunque todo depende de la antigüedad, el tamaño y la situación patrimonial del inmueble.
Mercedes Pirez, presidenta de la asociación de El Palo, se inhibe de hacer declaraciones hasta que el reglamento no salga publicado en su conjunto. No obstante, admite la inquietud por una exigencia que, si se declina por lo alto, podría producir un fuerte quebranto en la salud económica de los habitantes de las casas en litigio.
En Málaga el número de viviendas afectadas por el corte de la ley de Costas se eleva a 517. La mayoría se emplazan en Pedregalejo, El Palo y La Araña, aunque también suman en este apartado los núcleos de El Copo, Lagos y Mezquitilla, además de algún ejemplo aislado como el de la residencia Marymar, en Benalmádena. La complejidad del conflicto se eleva si se advierte que en algunos de estos puntos, como los de la capital, todavía no se ha completado el deslinde, por lo que, en teoría, no existe retícula oficial que permita distinguir entre las viviendas que se asientan en espacio público y las que no.
El nuevo reglamento de la ley introduce también una importante novedad: la posibilidad, con todas las garantías, de vender y traspasar las casas mientras siga vigente el periodo de concesión. Las dudas, en este punto, se concentran en los plazos. La actual autorización de Costas expira en 2018. «No sabemos si el nuevo periodo comenzará a computarse a partir de ahí o con carácter retroactivo. Hay mucho que aclarar», reseña Adolfo García.
 


Las claves

jueves, 16 de octubre de 2014

Visto para sentencia el derribo, o no, de 50 casas de Bajo la Cuesta


Sobre el barrio de Bajo la Cuesta pende aún la amenaza de poder convertirse en breve en otro Cho Vito, tras quedar ayer visto para sentencia el juicio que desde el lunes ha venido celebrándose en el Juzgado número 2 de Santa Cruz de Tenerife. A la espera de un exhorto del antiguo director general de Costas, Pedro Antonio Ríos, que declarará en Murcia, la jueza determinará si finalmente el medio centenar de viviendas de ese barrio de Candelaria correrá la misma desgracia que las de Cho Vito, al estar bajo dominio público marítimo-terrestre, o finalmente se mantendrán en pie porque las mediciones, como se comprobó ayer con la declaración de técnicos (David Amador) e ingenieros de caminos (José Ramón Martínez) “no son rotundas”. En algunos casos porque los ángulos utilizados enviaban el deslinde al mar, con errores de grados en los ángulos utilizados.

Los vecinos, algunos de los cuales estuvieron presentes en la vista, son defendidos desde hace ocho años por el abogado valenciano José Ortega  conocido activista contra la Ley de Costas, quien intenta salvar las 50 casas del derribo, tras la amenaza que sobre Bajo la Cuesta cogió fuerza en 2008, cuando la Dirección General de Costas comunicó el inicio de los trámites para la demolición de este barrio cercano a la central eléctrica de Endesa, como ya ocurrió con Cho Vito en 2012.

Tras finalizar la vista y a la espera de la que considera fundamental declaración del anterior director general de Costas, Ortega no se mostró tan optimista como presumía al principio, porque “Costas ha estado manipulando y mintiendo durante todo el juicio”. “Estaba seguro de ganar este procedimiento, pero ahora me han puesto en la duda”, para obtener la declaración de nulidad del deslinde de 2006 y el replanteó de la línea 1969.
Ortega reconoció que los vecinos se mostraban ayer “más desorientados y pesimistas” que el lunes cuando comenzó la vista, pero ayer tarde se trasladó al pequeño barrio para “tratar de calmarles” porque “la batalla está bien planteada y la razón está de nuestra parte”.

El abogado no dudó en calificar de “esperpéntica” la actuación del alcalde José Gumersindo García, en este asunto, al echarle en falta en el juicio, así como al que era senador, Aurelio Abreu, cuando fueron citados como testigos de una reunión celebrada en Madrid con Costas, en la que estuvo presente el técnico que hizo el deslinde en Bajo la Cuesta. Entonces “reconoció que la línea elegida no era la exacta, no era indiscutible”, un asunto vital para el letrado a la hora de redactar la sentencia. Para Ortega, la ausencia del alcalde en la vista “ha sido un palo para los vecinos y si finalmente hay derribos estos estarán asociados a él”.

El alcalde, que se encuentra fuera de la Isla, afirma que se le comunicó a José Ortega la imposibilidad de acudir al juicio y pidió retrasar la declaración al día 17 o hacerlo por escrito, si bien Gumersindo García, según Ortega, “dice no acordarse de lo dicho en aquella reunión y que no consta las notas que tomó porque el ordenador se averió”.

http://www.diariodeavisos.com/2014/10/visto-para-sentencia-derribo-no-50-casas-bajo-cuesta/

miércoles, 15 de octubre de 2014

Bajo la Cuesta defiende ante la Justicia que las 50 viviendas están fuera del dominio público


Diversos testigos comparecieron el pasado lunes para intentar salvar las casas del derribo, una lucha que dura ya ocho años

 

Los vecinos de Bajo la Cuesta, muy cerca de la central eléctrica de Las Caletillas, en Candelaria, no descansan en su lucha y desde el pasado lunes defienden en el Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Santa Cruz de Tenerife que las 50 viviendas están fuera del dominio público. Su abogado, José Ortega, lleva ya ocho años representándolos e intentando salvar estas casas del derribo. A principios de semana, de hecho,
diversos testigos declararon ante el magistrado después de que el letrado presentara una demanda civil en 2011. Aunque ya acudió al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, aún no hay sentencia al respecto tras años de espera y, según especificó ayer, esta nueva vía "abre muchas posibilidades porque tiene más claro el derecho a la propiedad".

La amenaza sobre Bajo la Cuesta cogió fuerza en 2008, cuando la Dirección General de Costas comunicó a los afectados el inicio de los trámites para la recuperación posesoria y la demolición de este barrio, como ya ocurrió con Cho Vito en 2012.

José Ortega confía en que a la juez "le quede claro" que estas viviendas están fuera del dominio público y cree que él podrá ser "contundente" para que la magistrada "no tenga que darle vueltas" a la sentencia, así que espera que sea "favorable". El abogado aseguró contar con diversa documentación que avala su postura y el pasado lunes declararon diversos testigos. El letrado, sin embargo, echó en falta al alcalde de Candelaria, José Gumersindo García, y al actual vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Aurelio Abreu, hasta hace muy poco también senador.
El letrado defendió que ambos mantuvieron una reunión con el técnico de Madrid que hizo el deslinde en Bajo la Cuesta y que en ese encuentro el funcionario "reconoció que la línea elegida no era la acertada, sino que era una de las posibles" opciones. Denunció, sin embargo, que ni el regidor local ni el vicepresidente insular acudieron a la cita y criticó que los dos "han dejado colgados a los vecinos".

La batalla administrativa y jurídica persiste desde 2008 y los vecinos de este núcleo costero han ido haciéndose con diversos informes municipales, declaraciones juradas de funcionarios y otros documentos en los que se sostiene que existen importantes errores en el deslinde aprobado en mayo de 2006 y que revelan que el trazado no tiene que ver con el de 1969, pese a lo defendido por Costas para justificar la demolición de 50 viviendas construidas antes de la entrada en vigor de la Ley de 1988.

http://www.laopinion.es/tenerife/2014/10/15/cuesta-defiende-justicia-50-viviendas/569380.html?utm_source=rss

martes, 14 de octubre de 2014

El arte se solidariza con Tufia


Tufia quiere reivindicar que existe y que tiene derecho a seguir existiendo. Frente a las ansias de Costas por tirar parte del barrio, los vecinos han montado un festival internacional con el que busca decirle al mundo que hay un pequeño caserío costero en mitad del Atlántico que apuesta por el arte. Arranca este mismo fin de semana.

Están hartos de llenar titulares negativos y de que solo se hable de sus vecinos cuando se trata de recordar que Costas tiene a parte de ellos en el punto de mira porque sus casas ocupan suelo de dominio público y quiere tirarlas al suelo. Tufia es mucho más que eso, es naturaleza, es historia y es también cultura. Con esa idea la asociación para la defensa de las viviendas de este coqueto caserío teldense ha convocado a artistas llegados desde los rincones más remotos de la Tierra para que se inspiren en los paisajes y en las gentes de este enclave y le dediquen una de sus creaciones.

Este encuentro recibe por nombre Tufi’Arte y va de la mano del movimiento internacional de Arte Dedicado a un Lugar, al que pertenece François Davin, que recaló en Tufia hace un tiempo y que propuso montar este festival para reivindicar este bonito enclave. El objetivo final será proporcionar al mundo 14 visiones distintas de Tufia a través de la mirada de cada uno de estos artistas, hombres y mujeres de diversas generaciones llegados desde Estados Unidos a Nueva Zelanda, pasando por Uruguay o Polonia. Además, los integrantes de este movimiento llamado AiNIM (Artist in Nature International Network) aprovecharán para celebrar en Tufia su Conferencia Internacional 2014.

Serán obras efímeras, inspiradas en el barrio, y creadas en comunidad con sus vecinos. De hecho, cada uno de los artistas invitados se alojará en casas de Tufia, compartirán comida con esas familias y dormirán bajo sus techos. Es un tipo de arte donde no solo importa la obra, sino cómo y con quién se ha hecho, por lo que se aleja de la concepción clásica de la obra como producto aislado y concebido por el artista en la soledad de su taller.

Aquí las creaciones se ejecutarán en plena calle, al aire libre. Los vecinos han seleccionado y habilitado algunas de las localizaciones, que, además, ya están asignadas. El presidente del colectivo, Juan Sánchez, agradece la colaboración del Ayuntamiento, pero lamenta los peros del Cabildo, que incluso fijó ciertos límites al festival. Con todo eso, saldrá adelante. El mundo espera por Tufia

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=351583

domingo, 12 de octubre de 2014

Publicado en el BOE el nuevo Reglamento de Costas



                                                              REGLAMENTO

 


RESUMEN DEL REGLAMENTO DE COSTAS
 
 

sábado, 20 de septiembre de 2014

Costas avisa a Urbanismo de que los terrenos del Marítimo son del Estado


Un informe del Gobierno central determina que en la Modificación del Plan Especial del Parque existen deficiencias e imprecisiones en relación al deslinde

Un informe de la Dirección General de Costas del Gobierno central advierte al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de que la modificación del Plan Especial del Parque Marítimo, con la que se establecen los usos permitidos en el suelo situado entre el Auditorio y el Palmétum y con el que se quiere convertir dicho espacio en una zona de ocio para toda la familia, incluye casi en su totalidad terrenos de dominio público marítimo-terrestre y del Puerto, es decir, del Estado. Aunque son varias las fechas que el Consistorio ha dado para la aprobación definitiva de este documento, aún no se ha podido llevar a cabo porque según Costas se deben realizar algunas correcciones, ya que existen "deficiencias e imprecisiones".
La Dirección General de Costas ha establecido que en los planos se dibuja la línea de deslinde del dominio público marítimo terrestre con "algunas imprecisiones". Asimismo, avisa de que las zonas de piscinas, solariums y espectáculos; Auditorio, plaza y aparcamiento, y la plaza con edificaciones singulares (Castillo Negro y Casa de la Pólvora) incluyen de forma parcial terrenos de dominio público marítimo terrestre. Con respecto a la zona de bares, restaurantes y discoteca, Costas determina que "en cualquier caso, deberá tenerse en cuenta que los usos planteados estarán a lo dispuesto en el Plan de Utilización de Espacios Portuarios y, en todo caso, para la utilización del dominio público marítimo terrestre se estará a los dispuesto en el Título III de la Ley de Costas".
En este informe estatal se señala que una vez sea tenido en cuenta por parte del Ayuntamiento, y en concreto de la Gerencia de Urbanismo, lo indicado en el mismo, el expediente de Modificación del Plan Especial del Parque Marítimo "corregido, completo, diligenciado, y previamente a su aprobación definitiva, se remitirá de nuevo a esta Dirección General para la emisión del informe correspondiente sobre Protección y Uso Sostenible del Litoral".
Sin embargo, el Gobierno local, formado por nacionalistas y socialistas, aseguró ayer a la opinión de tenerife que defenderá y exigirá ante Costas la titularidad municipal de estos terrenos, para además evitar tener que pagar un canon por los mismos. "Porque así se ha hecho en otros municipios, como en La Laguna con las piscinas de Bajamar", apuntan fuentes de Urbanismo, que preside el concejal socialista José Ángel Martín.
Lo mismo pedirá con el suelo que es portuario, pues la Autoridad Portuaria, que ya ha cedido de manera gratuita al Consistorio de la capital las acciones que poseía en la empresa pública Parque Marítimo, ha propuesto ahora la desafectación de los terrenos portuarios que ocupan las piscinas para ya desprenderse definitivamente de este espacio y que sea Costas quien decida su destino, según han informado fuentes municipales. En concreto, esto significa, si el Estado aprueba tal solicitud, que el futuro del suelo portuario en el Parque Marítimo también pasará a ser decisión de la Dirección General de Costas.
Mientras la desafectación se resuelve, el Ayuntamiento chicharrero y la Autoridad Portuaria están negociando el canon que el Consistorio debe pagar al Puerto por el uso del suelo que ocupa el Parque Marítimo, porque el Puerto ya no tiene acciones en la empresa pública debido a que ahora la ley se lo impide. El Gobierno local confía en que dicho canon sea simbólico para que no afecte demasiado a las arcas municipales.
El Ayuntamiento intentó en los tribunales que la Autoridad Portuaria, junto a las acciones, le cediera también de manera gratuita los terrenos. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias rechazó tal pretensión, dejando claro que la cesión gratuita del suelo exigía en primer lugar la desafectación de los terrenos por parte del Ministerio de Fomento a propuesta de Puertos del Estado, previo informe sobre las características físicas de los bienes en cuestión emitido por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, y la declaración "innecesariedad" por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria.
Asimismo, y según la sentencia, se debe determinar el valor venal del bien para concretar si se precisa solo una comunicación a la Dirección General de Patrimonio del Estado o una autorización de Puertos o del Gobierno central. Pero en el caso de que se apruebe la desafectación, tendrá que ser la Dirección General de Costas la que decida si se hace cargo o no de estos terrenos

http://www.laopinion.es/tenerife/2014/09/20/costas-avisa-urbanismo-terrenos-maritimo/565090.html